Un nuevo modelo de sector público para un nuevo modelo de sociedad

Si nos preguntamos cuál es la característica más significativa del contexto social actual, creo que podemos coincidir en que ésta es el permanente cambio. En ese contexto, articular un modelo de Administración Pública eficiente, no es tarea fácil. Requiere, al menos, la incorporación de los siguientes elementos:

Un sistema integrado de transparencia y participación ciudadana que permita habilitar un conjunto de servicios organizativos, jurídicos y tecnológicos para impulsar y facilitar la implicación de la ciudadanía en las políticas públicas.

Un sistema de dirección por objetivos que permita transparentar la actividad que desarrolla la Administración, haciéndola visible y entendible, mejorando la eficiencia de los sistemas organizativos, asegurando su sincronización y facilitando la actividad evaluadora e inspectora.

Un modelo de gestión del conocimiento, a través del establecimiento de protocolos que aseguren la coordinación de las políticas públicas mediante herramientas de trabajo colaborativas.

Para lograr estos “sencillos” objetivos, hay algunas acciones que podemos considerar determinantes:

La modernización del sistema de información y atención a la ciudadanía: A través de múltiples canales (presencial, telefónico, web, redes sociales…) la ciudadanía podrá relacionarse con la Administración para acceder a información, participar en procesos de toma de decisiones, evaluar la calidad de los servicios, sugerir o reclamar los mismos etc.

Destaca en esta línea la implantación de un entorno electrónico de alta calidad, tanto en usabilidad y accesibilidad, como en amigabilidad y seguridad. La Administración tendrá que impulsar iniciativas para que toda la ciudadanía disponga de un sistema de identificación y autenticación digital, sea certificado digital, DNI electrónico, claves concertadas o huella, que le permita operar con seguridad y no tener que presentar ningún documento que ya esté en poder de la Administración.

Una sede presencial única, que será el canal presencial para asegurar la relación entre la ciudadanía y la Administración y funcionará como oficinas de soporte de registro y asistencia en el uso de medios electrónicos.

Un canal telefónico de calidad, que pueda resolver cualquier duda del ciudadano en las áreas de competencia de esa Administración.

EL CAMBIO DE PARADIGMA

No se nos escapa que esta “Administración del futuro”, que debería ser del presente, requiere un vuelco radical en nuestro modo de entender los servicios públicos, un cambio de paradigma, que sólo se consigue cambiando la cultura de la organización y que se inicia con el cambio de mentalidad de las personas que la conforman.

Descartado totalmente el concepto peyorativo de funcionario, entendiendo como tal el trabajador que sólo buscaba un empleo fijo y poco fatigoso, nos encontramos cada vez más con servidores públicos implicados en la realización de un trabajo de calidad y en prestar un servicio a sus conciudadanos: docentes, sanitarios, agentes de seguridad, empleados del poder judicial… profesionales en suma, de todos los sectores intervenidos administrativamente.

Este cambio de mentalidad deriva a su vez, del cambio que está produciéndose en nuestra sociedad, en la que la globalización ha hecho aflorar la necesidad de colaboración permanente, hasta el punto en que a veces se desdibuja la frontera entre lo público y lo privado.

Pero nuevamente nos encontramos con la necesidad de información y participación permanente para consolidar este modelo: Las personas necesitamos saber qué se quiere conseguir con nuestro trabajo para realizarlo con efectividad e ilusión, lo mismo que necesitamos poder influir en la toma de decisiones, considerarnos necesarios y saber que nuestro trabajo importa.

Si se logra ese cambio cultural, podremos decidir entre todos y todas cuáles son los aspectos de nuestra vida que nos interesa que sean protegidos por el Estado y cuáles y por qué deben someterse al libre comercio. Porque en el cambiante contexto actual, también es necesario reelaborar permanentemente el concepto de servicio público, esto es, aquel servicio que por su importancia debe mantenerse bajo la esfera de lo público.

En los últimos años hemos podido apreciar cómo muchos de los servicios que se consideraban necesariamente públicos, se han privatizado, porque la economía así lo requería o porque ya no era necesaria su protección (algunos ejemplos son el servicio postal, la energía, las telecomunicaciones etc.) y a cambio, se han publificado otros para satisfacer una necesidad básica social o para favorecer la realización efectiva del desarrollo personal, económico, la igualdad y el bienestar social (sanidad universal, educación universal, atención a la dependencia, renta mínima de inserción social…).

Determinar cuándo, por qué y de qué modo debe intervenir la Administración, es una de las decisiones más importantes de una sociedad. El estudio de los elementos determinantes para esa toma de decisiones en los países de economía mixta, que siguen modelos económicos como el Estado social o el Estado de bienestar, lo reservamos para el próximo artículo.

Google Plus
LinkedIn

Sobre el Autor

Cristina de León Marrero

Cristina de León Marrero

Secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, su carrera profesional ha estado vinculada desde sus inicios al servicio público: Ingresó en el Cuerpo superior de Administradores de la Comunidad Autónoma en el año 1990 y en el de Letrados de la Comunidad Autónoma en el año 1992. Desde entonces ha sido reclamada para desempeñar tareas como alto cargo del Gobierno de Canarias en distintas etapas. Así, en 1999 fue nombrada Directora general de Función Pública y en 2003 Secretaría general técnica de la Consejería de Economía y Hacienda. De este cargo, pasó a ocupar la secretaría general técnica de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio en 2008, para  volver de nuevo a la Consejería de Economía y Hacienda. En  2015 pasó a ocupar la Secretaria de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y en enero de 2017 la que desempeña actualmente.

Es licenciada en Derecho por  la Universidad de La Laguna, formación que completó con la Escuela de Prácticas Jurídicas, Suficiencia Investigadora y con el Máster en Derecho Urbanístico por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Además ha cursado el Programa de posgrado Liderazgo para la Gestión Pública del IESE por la Universidad de Navarra y el programa multidisciplinario de Doctorado en Gestión y Desarrollo Sostenible de Islas (ERASMUS).Ha impartido docencia en el máster de gestión ambiental de las dos universidades canarias, en el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) y ha sido ponente en el programa de formación continua del Consejo General del Poder Judicial. Es vocal del Consejo Social de la ULPGC y vicepresidenta de la empresa RIC ULPGC de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Deja un comentario

Estás comentando como invitado.
Cajasietecontunegocio
Comprometidosconnuestragente

Suscríbete a nuestra Newsletter