El nuevo Estatuto de Autonomía: una gran oportunidad para Canarias
Más allá de las modificaciones que introduce la reforma del Estatuto de Canarias que se acaba de aprobar, debemos celebrar haber conseguido el objetivo.
Seguro que no contenta a todos, pero, ¿no se trataba de eso? Sólo cediendo un poco cada parte, se puede alcanzar un fin común medianamente satisfactorio para cada uno. En un momento político tan convulso, deberíamos enorgullecernos por haber conseguido lo que otros no han logrado, probablemente porque ni siquiera lo intentaron: al realizar defensas numantinas enarbolando principios y valores superiores, se olvidan del objetivo, pierden el focus…
La reforma electoral ha traído de cabeza a todo el Parlamento Canario: desde el planteamiento inicial y lógico por otra parte, de la circunscripción electoral única, o el mantra “una persona un voto”, hasta la triple paridad, ha resultado muy difícil ponerse de acuerdo, porque nadie se pone en el lugar del otro.
Pero esta vez lo hemos logrado. Y de paso, gracias a ese consenso, vamos a conseguir novedades tan estupendas para Canarias como obtener la titularidad de las aguas archipielágicas (las llamadas aguas canarias, conformadas por el ámbito perimetral y las aguas interiores, ¿cómo hemos tardado tanto?), anclar nuestro régimen económico fiscal o permitir que el Presidente autonómico pueda disolver el Parlamento y convocar elecciones.
Canarias, al haber accedido en 1982 a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución y no haber alcanzado su techo competencial, tenía la posibilidad, transcurridos cinco años, de reformar su Estatuto para ampliar las competencias. Sin embargo, no acometió tal reforma hasta transcurridos catorce años.
Podría resumirse la reforma del año 96 en tres aspectos: aumentar el nivel competencial autonómico, el reconocimiento de Canarias como nacionalidad, la extensión del ámbito territorial no sólo a las islas sino al archipiélago y la modificación de las barreras del régimen electoral para acceder al Parlamento.
Desde ese momento han sido varios los intentos de reforma, y se han creado múltiples comisiones para ello. Todos los intentos han chocado con la dificultad de la reforma electoral. Esto supuso un importante retraso respecto a otros Estatutos de Autonomía, que hace tiempo que abordaron sus reformas.
El sistema electoral canario actual se basa en la triple paridad, un método de reparto de diputados con tres criterios consistentes en que las dos provincias tengan un mismo número de diputados, las dos islas capitalinas también el mismo numero y la suma de los diputados de las islas no capitalinas sea igual al de las islas capitalinas; este sistema, que algunos han considerado perverso, ha sido refrendado por el Tribunal Constitucional.
Canarias no es la única Comunidad que prevé un sistema atípico, en el País Vasco, sin ir más lejos, se elige la misma cantidad de diputados en cada provincia (25 por cada territorio), sin tener en cuenta la población.
Los canarios y canarias hemos conseguido cosas tan particulares como compartir capitalidad, ¿por qué no íbamos a conseguir un acuerdo respecto a la representación electoral?.
El nuevo Estatuto prevé en su disposición transitoria que hasta tanto no se apruebe la nueva ley electoral (para la que se ha dado un plazo de tres años), se fija en setenta el número de diputados y diputadas del Parlamento de Canarias.
Sesenta y un escaños se distribuirán entre las circunscripciones electorales de la siguiente forma: 3 por El Hierro, 8 por Fuerteventura, 15 por Gran Canaria, 4 por La Gomera, 8 por Lanzarote, 8 por La Palma y 15 por Tenerife. Los nuevos escaños se asignarán a la circunscripción autonómica de Canarias.
Ahora, al ponernos de acuerdo en la reforma, damos una vuelta de tuerca al establecimiento de las competencias elaboradas en el 82 y el 96; también vamos a conseguir consolidar el régimen económico y fiscal de Canarias, un status económico y político reconocido históricamente y al que le faltaba este refrendo, amparado por la Constitución Española y reconocido por la Unión europea junto con el reconocimiento de la ultraperificidad.
Y muchas cosas más. Queda muy poco para lograrlo, tenemos que conseguirlo entre todos, no podemos perder el focus…
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Sobre el Autor
Cristina de León Marrero
Ex Secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, su carrera profesional ha estado vinculada desde sus inicios al servicio público: Ingresó en el Cuerpo superior de Administradores de la Comunidad Autónoma en el año 1990 y en el de Letrados de la Comunidad Autónoma en el año 1992. Desde entonces ha sido reclamada para desempeñar tareas como alto cargo del Gobierno de Canarias en distintas etapas.
Así, en 1999 fue nombrada Directora general de Función Pública y en 2003 Secretaría general técnica de la Consejería de Economía y Hacienda. De este cargo, pasó a ocupar la secretaría general técnica de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio en 2008, para volver de nuevo a la Consejería de Economía y Hacienda. En 2015 pasó a ocupar la Secretaria de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y en enero de 2017 la que desempeña actualmente.
Es licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna, formación que completó con la Escuela de Prácticas Jurídicas, Suficiencia Investigadora y con el Máster en Derecho Urbanístico por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Además ha cursado el Programa de posgrado Liderazgo para la Gestión Pública del IESE por la Universidad de Navarra y el programa multidisciplinario de Doctorado en Gestión y Desarrollo Sostenible de Islas (ERASMUS).
Ha impartido docencia en el máster de gestión ambiental de las dos universidades canarias, en el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) y ha sido ponente en el programa de formación continua del Consejo General del Poder Judicial. Fue vocal del Consejo Social de la ULPGC y vicepresidenta de la empresa RIC ULPGC de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Actualmente es consejera del Consejo Consultivo de Canarias.