La Corte Penal Internacional y la guerra de Ucrania

Muchas son las voces que acusan a Rusia de crímenes de guerra tras salir a la luz la matanza de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha, lo que lleva a plantearse si Putin acabará sentado en el banquillo.

Treinta y ocho gobiernos han dado un paso importante para garantizar la documentación de posibles crímenes de guerra al solicitar al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). El 28 de febrero de 2022, el fiscal de la CPI, Karim Khan, señaló su intención de tratar de abrir una investigación formal.

La Corte Penal Internacional (CPI) es el tribunal internacional encargado de juzgar a individuos responsables de crímenes especialmente graves: genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra y crimen de agresión, entendido como el uso injustificado de la fuerza armada de un país contra otro. Estos crímenes no prescriben y, además, la Corte puede investigar incluso a jefes de Gobierno o de Estado en el ejercicio de su cargo. La Corte comenzó a funcionar en 2002, aunque fue creada en 1998 con la firma del Estatuto de Roma, que hasta 2019 había sido ratificado por 123 países. Pese a ser un organismo independiente, la CPI mantiene desde 2004 un acuerdo de cooperación con la ONU.

Ahora, ni Rusia ni Ucrania son miembros de la Corte Penal Internacional, pero Ucrania aceptó su jurisdicción tras la anexión rusa de Crimea en 2014. La corte puede conducir procedimientos contra individuos por genocidio, crímenes de la humanidad y crímenes de guerra. En 2017, la CPI tipificó como justiciable el crimen de agresión, aunque bajo condiciones restrictivas. Solo podrá enjuiciar este delito si ambos Estados interesados son miembros, lo cual no se da en este caso, o si el Consejo de Seguridad de la ONU recurre a la corte, lo cual es poco probable dado que Rusia tiene el derecho de veto en este organismo.

Por lo tanto, en este caso, la CPI solamente podría iniciar acciones penales por los demás crímenes.“La solicitud de una investigación de la CPI refleja la creciente alarma entre los países sobre la escalada de atrocidades y la crisis de derechos humanos que está haciendo estragos en Ucrania”, dijo Balkees Jarrah, directora interina de justicia internacional de Human Rights Watch. “Estos gobiernos están dejando claro que no tolerarán los delitos graves y que el tribunal tiene un papel esencial que desempeñar para garantizar la justicia”. Pese a la máxima latina “Inter arma enim silent leges” (Cuando las armas hablan, callan las leyes), atribuida a Cicerón, en la guerra “no todo vale”. hay toda una serie de conductas que se están desarrollando en el marco del conflicto armado en Ucrania en las que hay “fortísimos indicios” de que se están cometiendo crímenes de guerra. ¿Cómo se demuestra?

Los medios de prueba son los mismos que los de cualquier otro procedimiento judicial, con las dificultades de que se está inmerso en un conflicto armado. En definitiva, se trata de determinar las circunstancias concretas en las que se cometieron los hechos. Tomando como ejemplo la matanza de civiles de Bucha, indica que las imágenes de satélite pueden arrojar constatar la fecha exacta en la que ocurrieron las muertes o si los cadáveres estaban en las calles cuando los soldados rusos abandonaron la zona. Además, a través de exámenes forenses, se puede establecer si los fallecidos tenían las manos atadas a la espalda antes de que les disparasen.

La rendición de cuentas por estos crímenes no se limita a quienes llevan a cabo los actos, sino también a los que ordenan, ayudan o son cómplices de otro modo de los crímenes. Esto incluye la responsabilidad de mando, según la cual los funcionarios militares y civiles, hasta la cúspide de la cadena de mando, pueden ser considerados penalmente responsables de los crímenes cometidos por sus subordinados, cuando sabían o deberían haber sabido que se estaban cometiendo dichos crímenes, pero no tomaron medidas razonables para detenerlos.

Con la investigación sobre Ucrania, el número de situaciones de países abiertos que se están investigando ante el tribunal ha aumentado a 17, incluida una investigación sobre los crímenes cometidos durante la guerra de 2008 entre Georgia y Rusia. Otras investigaciones en curso se refieren a graves crímenes internacionales cometidos en todo el mundo, como en Bangladesh/Myanmar, Afganistán y Palestina.

Si algún día Vladimir Putin rendirá cuentas ante la justicia por las bombas lanzadas sobre residencias y hospitales de Kiev, las pruebas del desplazamiento forzoso de civiles desde la asediada ciudad de Mariúpol hasta Rusia o la matanza de centenas de inocentes en la pequeña región de Bucha resulta una incógnita.

En definitiva, los esfuerzos de documentación serán vitales para los procesos de rendición de cuentas internacionales y nacionales, incluso por parte de los funcionarios judiciales nacionales en virtud del principio de jurisdicción universal. Los gobiernos comprometidos con la justicia en Ucrania deberían apoyar y reforzar estas iniciativas. Y ante un tribunal internacional no hay inmunidad y los crimines internacionales son imprescriptibles.