Más allá de las modificaciones que introduce la reforma del Estatuto de Canarias que se acaba de aprobar, debemos celebrar haber conseguido el objetivo.

Seguro que no contenta a todos, pero, ¿no se trataba de eso? Sólo cediendo un poco cada parte, se puede alcanzar un fin común medianamente satisfactorio para cada uno. En un momento político tan convulso, deberíamos enorgullecernos por haber conseguido lo que otros no han logrado, probablemente porque ni siquiera lo intentaron: al realizar defensas numantinas enarbolando principios y valores superiores, se olvidan del objetivo, pierden el focus…

En nuestro anterior artículo abordábamos la cuestión de los servicios públicos en los países de economía mixta, que es el entorno en que nos movemos y partíamos, en términos generales y sin entrar en profundidades jurídicas, de que servicio público es aquella actividad llevada a cabo por los organismos públicos o bajo el control de éstos, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de una colectividad. Los servicios públicos son, por tanto, administrados por el Estado (en sentido amplio), aunque pueden recaer en las empresas privadas.

Tocamos ahora un tema no pacífico, probablemente porque hay muchos agentes implicados y por esta razón, lo afrontaremos una vez más desde la perspectiva de los servicios públicos:

Si nos preguntamos cuál es la característica más significativa del contexto social actual, creo que podemos coincidir en que ésta es el permanente cambio. En ese contexto, articular un modelo de Administración Pública eficiente, no es tarea fácil. Requiere, al menos, la incorporación de los siguientes elementos:

Un sistema integrado de transparencia y participación ciudadana que permita habilitar un conjunto de servicios organizativos, jurídicos y tecnológicos para impulsar y facilitar la implicación de la ciudadanía en las políticas públicas.