Adaptación de los contratos alimentarios en un contexto económico de guerra

El 1 de mayo de 2022 habrá terminado el plazo para adaptar los contratos alimentarios preexistentes y en vigor el 15 de diciembre de 2021, según lo establecido por la disposición transitoria única de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en aquello en que se no se ajusten a lo dispuesto en la misma.

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En el caso del Plátano de Canarias, lo anterior, entre otras cuestiones, conforme a la disposición adicional séptima introducida en la citada Ley 12/2013, significa que, en la determinación del coste efectivo de producción en las operaciones comerciales de la cadena alimentaria se imputarán las ayudas directas o indirectas que perciba el productor o la explotación agraria, y que la organización de productores compute como precio, el precio medio de todas sus ventas a todos sus clientes en cada año natural

Tal y como establece la citada Ley, el precio del contrato alimentario que tenga que percibir un productor primario o una agrupación de estos deberá ser, en todo caso, superior al total de costes asumidos por el productor o coste efectivo de producción, que incluirá todos los costes asumidos para desarrollar su actividad, entre otros, combustibles y energía, fertilizantes, fitosanitarios, pesticidas, alimentos para los animales; siendo lo anterior así, resulta evidente el gran impacto que tiene en toda la cadena alimentaria, tanto a nivel consumidores como a nivel empresarial, la subida del precio de los combustibles y de la energía que ha venido ocasionando la situación económica y favorecida por la política y estrategia energética desarrollada hasta ahora por los países de la Unión Europea, gravemente agravada por la guerra que Rusia ha comenzado con la actual invasión de Ucrania.

Como es obvio, en el desarrollo de la cadena alimentaria el transporte juega un papel esencial y estratégico para cualquier economía y sociedad, y se deben diseñar políticas y estrategias que hagan más accesible los combustibles y la energía para subsistir y poder ser competitivos, sin que en ningún caso se puedan establezcer precios superiores a los reales, incrementando con ello beneficios privados y recaudaciones públicas injustificadamente.

Las ayudas responden a necesidades estratégicas de una sociedad y una economía por mantener activo un determinado sector de producción para no depender de terceros, cuya vital importancia se pone de manifiesto aún más en tiempos de economía de guerra.

Al igual que los beneficios son el precio de venta menos los costes, los costes son los gastos menos las ayudas directas o indirectas. Si no se deducen las ayudas que se reciben para determinar los costes de producción, se estaría alterando el precio a lo largo de la cadena alimentaria y nos haría menos competitivos para vender el producto a los mayoristas, y que estos lo compren, y que los productos puedan llegar con precios asequibles al consumidor final, contando con la lealtad de los puntos de venta a la hora de fijar, con criterios equitativos, ese precio final sin perjudicar un producto frente a otro de su competencia directa.

Atendiendo a esa misma lógica, la solución dada por la citada Ley al Plátano de Canarias debería poder ser aplicable al conjunto de los productos de la cadena alimentaria.

En los tiempos actuales estamos haciendo un master en geopolítica, y podemos ver hasta qué punto el ser humano es capaz de anteponer sus intereses geopolíticos frente a valores éticos y morales. La libertad de una persona termina donde comienza la libertad de la otra persona, lo cual es extrapolable a los países, y el orden y la ley debe respetar y plasmar eso, y no es justificación para no hacerlo así el hecho de que a uno lo hayan educado de otra manera.

Es cierto que todos podemos ver el mundo y enfocar los problemas de diferente manera, pero hay líneas que no se pueden cruzar, y una de ellas es que no se puede trivializar con la vida de las personas.

La realidad es que, cuando se construyó el muro de Berlín las personas que fallecieron corrían en el mismo sentido, o sea, el peligro estaba en el sentido opuesto, esto es, quien genera el peligro no parece estar muy legitimado para alegar que el peligro son los demás, y menos aún para restringir la libertad de los demás, aunque le convenga al resto o sea geopolíticamente conveniente, pero no necesariamente ético ni moral.

El poder de las armas, incluyendo la amenaza nuclear o atómica, frente al poder de la economía, la geopolítica frente a lo ético y moral. Ese es el gran dilema al que nos estamos enfrentado, y que está condicionando nuestra propia existencia.

Nos queda la empatía con el que se defiende, y la esperanza de autocrítica por el que agrede y genera el peligro para ensalzar su ego y autoestima, que hasta los países tienen, como se pone de manifiesto.

Si bajase el precio de los combustible y de la energía estaría bajando proporcionalmente el importe de los impuestos que se aplicasen por porcentaje sobre dicho precio para determinar al precio final a pagar, dado que se estaría aplicando el mismo porcentaje sobre un importe menor.

Dicho esto, eso de que no se pueden bajar los impuestos si se piden ayudas, depende de cómo se gestione la recaudación, si se aplica a sectores estratégicos, y no a otro tipo de gasto público que no aporte realmente valor añadido al interés público, sino que simplemente representa un gasto prescindible, que habría que identificar para ser más eficientes.

Efectivamente, en tiempos de economía de guerra debemos estar especialmente unidos, y eso pasa por no diabolizar a cualquier colectivo que reivindique legítimamente lo que considera que le corresponde, aunque no se opine lo mismo, y eso conlleva dialogar con todos, que es lo que se suele predicar, sin perjuicio de sancionar los actos violentos. La empatía obra milagros.

Así las cosas, una forma de mejorar la autoestima de España es que cuando nos comparemos con los demás, utilicemos los mismos datos, es decir, si hacemos una comparativa de porcentaje de temporalidad en el ámbito laboral con Francia, no puede ser que para Francia el contrato para obra se considere fijo y para España no, y debe analizarse el dato separándolo de la temporalidad existente en las administraciones públicas, dado que ello distorsiona el dato real del tejido empresarial a la hora de aplicar políticas al respecto.

Dicha comparativa además, debe hacerse teniendo en cuenta la existencia de políticas de temporalidad y terminación de la relación laboral más flexibles, que obviamente inciden en la contratación fija.

Todo ello, tal y como, entre otras cuestiones, se reflexionó en el desayuno-coloquio organizado por APD Canarias el pasado 23 de febrero de 2022, sobre las claves para abordar los cambios en la nueva reforma laboral, con la presencia de Federico Durán López, consejero de Garrigues.

Así todo, y siguiendo con nuestra autoestima, se ha despertado un sentimiento solidario común europeo ante la diáspora provocada en Ucrania y se han puesto de manifiesto necesidades estratégicas en la Unión Europea, en la que España puede jugar un papel relevante, tanto desde el punto de vista energético como en el alimentario, e incluso aprovechando nuestro especial y natural vínculo, a pesar de las políticas demagógicas de algunos, con los países de habla hispana del continente americano, que en otras ocasiones, ante la necesidad nos han ayudado.

Además, puede ser en beneficio mutuo, complementario a nuestras producciones y capacidades que hay que potenciar, y representar una mejora de la autoestima común de la comunidad hispanoparlante, segunda lengua materna en el mundo, oficial en unos veintidós países, después del chino mandarín, y cuarta en el cómputo global de hablantes y en crecimiento, tras el inglés, el chino mandarín y el hindi, mientras que el francés es el tercer idioma más hablado como lengua extranjera, según un artículo de Santander Universidades publicado el 15 de noviembre de 2021.

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Sobre el Autor

Leopoldo Cólogan

Leopoldo Cólogan

Abogado, Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (San Pablo CEU), que inició su carrera profesional a comienzos del año 1997, después de haber realizado unas prácticas en Dublín y Bruselas, y que, tras veinte años de ejercicio profesional, de los cuales más de ocho han sido como socio de una gran firma internacional como Garrigues, ha creado el primer “Law Hotel”, que es un nuevo concepto y marca de despacho, fundando en el año 2017 en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España, la nueva firma legal:

Está especializado en el asesoramiento legal en litigios y arbitrajes relativos a conflictos mercantiles, civiles y societarios, y tiene una amplia experiencia en concursal y situaciones de insolvencia, penal, administrativo y contencioso administrativo. Especialmente, destaca su intervención en sectores como la construcción, turismo y hoteles, la distribución, y en el asesoramiento a organizaciones de productores y cooperativas, así como en negociaciones con entidades financieras.

El arbitraje y la mediación internacional y nacional es una de sus vocaciones.Además del desempeño de su profesión como abogado, participa habitualmente como ponente en jornadas y congresos, siendo también Profesor del Máster Universitario en Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife al que pertenece, y ha sido incluido en el prestigioso directorio internacional Best Lawyers.

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