Espectacular y estimulante, son los dos calificativos que utilizo para resumir Géiser 2018, un ejemplo de jornada de emprendimiento e innovación, donde, en el Auditorio de Tenerife el 8 de noviembre de 2018, tuvimos la oportunidad de salir de la caja a pensar “out of the box”, y escuchar los mensajes (aplicables a todos los ámbitos y sectores, incluido el jurídico) de los ponentes que representaban a empresas como IBM, fnac, UBER, DIRSE y ARTS, y a una institución estratégica como la Consejería de Educación de la Embajada de España en el Reino Unido e Irlanda.

Más allá de las modificaciones que introduce la reforma del Estatuto de Canarias que se acaba de aprobar, debemos celebrar haber conseguido el objetivo.

Seguro que no contenta a todos, pero, ¿no se trataba de eso? Sólo cediendo un poco cada parte, se puede alcanzar un fin común medianamente satisfactorio para cada uno. En un momento político tan convulso, deberíamos enorgullecernos por haber conseguido lo que otros no han logrado, probablemente porque ni siquiera lo intentaron: al realizar defensas numantinas enarbolando principios y valores superiores, se olvidan del objetivo, pierden el focus…

El uso de redes sociales es parte del día a día. Pero hay que tener cuidado y mantener una seguridad activa para que no haya problemas.

Hoy el mundo se ve de otra manera gracias a las nuevas tecnologías. La forma de comunicarse, aprender o comprar ha cambiado de manera radical.

La ingeniería social es el arte de engañar a otros para conseguir algo, que puede ser desde que nos creamos el timo de la lotería hasta que dejemos que un virus se cuele en el ordenador. Los hackers saben mucho de ingeniería social, pues el ser humano que está ante el ordenador es siempre el eslabón más débil de la seguridad informática. Si nos cuentan una mentira bien aderezada, no dudaremos en pinchar un enlace malicioso, dar nuestra contraseña e incluso el número de tarjeta de crédito a quien nos la pide.

En un reciente acto de la Asociación para el Progreso de la Dirección en Canarias me recordaron un proverbio africano que dice, “solo para ir rápido y acompañado para ir lejos”; en el mundo digital del siglo XXI ambas cosas se pueden combinar, dado que existen formas distintas de acompañarse y, al mismo tiempo, coger la velocidad de ir solo, respetando el desarrollo personal e independiente.

Es una cuestión de sinergias y de aportar algo a la sociedad.

La participación en vida en las redes sociales supone un problema añadido en el momento de la muerte.

A pesar que este tema puede sonar algo escabroso, el objetivo que se pretende con este artículo es no serlo de ninguna manera y ser instructivo en cuánto a los mecanismos disponibles para dar de baja un perfil de un usuario que lamentablemente ha fallecido.

Cuando nacieron las redes sociales, nadie preveía qué pasaba con los perfiles de los usuarios y su información cuando estos fallecieran. Con el tiempo, algunas han habilitado mecanismos para. al menos poder hacer algo.

En nuestro anterior artículo abordábamos la cuestión de los servicios públicos en los países de economía mixta, que es el entorno en que nos movemos y partíamos, en términos generales y sin entrar en profundidades jurídicas, de que servicio público es aquella actividad llevada a cabo por los organismos públicos o bajo el control de éstos, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de una colectividad. Los servicios públicos son, por tanto, administrados por el Estado (en sentido amplio), aunque pueden recaer en las empresas privadas.

Tocamos ahora un tema no pacífico, probablemente porque hay muchos agentes implicados y por esta razón, lo afrontaremos una vez más desde la perspectiva de los servicios públicos:

En ocasiones, no basta con un sí, para que, en nuestro derecho, se considere que se ha prestado el consentimiento. Esto es así, por cuanto se exige que, para que ese sí sea válido, previamente se haya dispuesto de toda la información necesaria, atendiendo al negocio del que hablemos, las ventajas, los riesgos y las consecuencias, y, por supuesto, se ha de estar en plenas facultades y disponer de capacidad para ello, incluso, en algunos casos, se establece un tiempo mínimo que ha de existir entre el momento en que se disponga de la información y se tome la decisión.

Además, ese sí, no es ilimitado, sino que alcanza hasta donde haya alcanzado la información previamente facilitada.

España lleva más de tres años ignorando las recomendaciones que lanzó Europa en 2014 para alcanzar la igualdad salarial. Según el artículo 14 de la Constitución Española: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Y su artículo 35.1 consolida el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades de la persona trabajadora y su familia sin que, en ningún caso, pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Asimismo, el artículo 23.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 diciembre de 1945, establece que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Atendiendo a estos artículos hablar de brechas salariales o techos de cristal se diría que está fuera de lugar y, sin embargo, la realidad se aleja del papel mucho más de lo que nos imaginamos.

Si nos preguntamos cuál es la característica más significativa del contexto social actual, creo que podemos coincidir en que ésta es el permanente cambio. En ese contexto, articular un modelo de Administración Pública eficiente, no es tarea fácil. Requiere, al menos, la incorporación de los siguientes elementos:

Un sistema integrado de transparencia y participación ciudadana que permita habilitar un conjunto de servicios organizativos, jurídicos y tecnológicos para impulsar y facilitar la implicación de la ciudadanía en las políticas públicas.

¿Por qué existen subvenciones agrícolas? ¿cuál es su origen? Ambas preguntas nos trasladan al año 1962, tras los Tratados de Roma de 1957, que dieron origen a la Unión Europea, cuando, en una Europa occidental condicionada por las carencias de la posguerra, se estableció la política agrícola común, más conocida como la PAC.

El objetivo principal era asegurar que los ciudadanos dispusieran de un suministro estable y suficiente de alimentos a precios asequibles, y para ello era necesario disponer de un sector agrícola viable, con una unidad de mercado de libre circulación de productos agrarios, protegiendo las producciones comunitarias y aplicando un principio de solidaridad financiera, que permitiera financiar las políticas establecidas.

El trabajo autónomo tiene en España un destacado protagonismo al servicio de la generación de riqueza y de la actividad productiva y posee un importante peso específico en el mercado de trabajo, y si bien durante los años de crisis experimentó un significativo descenso, ha demostrado una importante capacidad de recuperación y un enorme potencial en cuanto a generación de empleo.

Por ese motivo, a lo largo de los últimos años se ha articulado una serie de medidas a su favor que han permitido estimular el aumento de los flujos de entrada en el mercado de trabajo de los autónomos y que también han incidido en mejorar las posibilidades de supervivencia de la actividad emprendedora y su fortalecimiento.

El empresario es a menudo tratado como un ser individualista a capa y espada, batiéndose contra los incrédulos para crear un negocio alrededor de su gran idea innovadora. Casi todos los días una de las principales empresas informa de sus resultados financieros, lo que significa que una de estas personas va a estar deseando ponerse ante una cámara o un micrófono para explicarlos.

Siempre se ha dicho, y yo lo suscribo, que más vale un mal acuerdo que un buen juicio. El motivo principal de dicha afirmación es el tiempo y el ejercicio de renuncia que exige a las partes un acuerdo. El tiempo que se pierde dedicándolo a la atención que requiere un pleito bien llevado, en lugar de atender a las necesidades del negocio.

La protección del deudor hipotecario ha sido una preocupación constante y la acción de los poderes públicos se ha centrado en aquellos deudores sin recursos que atravesaban situaciones de especial debilidad: acciones conducentes a procurar la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago, como mecanismos de flexibilización de los procedimientos de ejecución hipotecaria.