La protección de datos personales en el ámbito laboral es una materia de especial interés en la actualidad y, a la vez, un tema complejo que, a priori, puede generar dudas e inquietudes desde el punto de vista legal y de protección de datos.
Me sigue sorprendiendo la actualidad de los pensamientos de los filósofos griegos de los siglos VI a IV a.C., cuestionándolo todo, negando con ello la existencia de un pensamiento único, como por ejemplo, Sócrates, que hay quien dice, como Karl Popper, según Enrique Krauze, que nunca se opuso a la democracia sino a su degeneración demagógica, encarnada en aquellos aristócratas inescrupulosos que, habiendo sido sus discípulos, torcieron el sentido de su enseñanza para buscar el éxito usando al pueblo como instrumento de su ambición.
En Internet, los pseudónimos no sólo se utilizan para atacar a una persona en concreto. Existen casos que pueden ser más graves al tratar de desacreditar a una institución pública o una empresa.
A lo largo de la historia, tanto escritores como periodistas y otros artistas han usado pseudónimos para ocultar su verdadera identidad ante la aparición de un posible problema. Entre los motivos para el uso de un seudónimo, están la búsqueda de originalidad, la simplificación de nombres extranjeros o de difícil pronunciación, o el temor al escándalo o la persecución política o religiosa.
En esta época digital, las administraciones públicas, las empresas e incluso la propia sociedad, viven inmersas en un auténtico océano de datos. Dichos datos tienen un enorme potencial para generar beneficios, si bien para que tengan valor, previamente se deberán desglosar y analizar adecuadamente.
Por ello, de cara a poder obtener beneficios y mejoras de esta cantidad ingente de información, se torna altamente necesario que las administraciones públicas y empresas del sector privado organicen y empleen su ecosistema de datos adecuadamente, siendo el Open Data o los datos abiertos una de las estrategias clave para conseguir dicho objetivo.
Existen personas con ganas y necesidad de volver a poner sus fincas en producción tras el volcán, pendientes de que las administraciones competentes les autoricen a ello, tras haber solicitado las oportunas licencias de obras.
Cuando llegó en el año 1517 desde Flandes, el soberano de los Países Bajos, Carlos I de España -Aragón, Castilla y Navarra-, Nápoles, Sicilia, Archiduque Soberano de Austria, Rey de los romanos, y V Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, vamos, prácticamente de la actual Unión Europea; con su enorme personal de confianza de nobles y clérigos flamencos para gobernar España y los ricos territorios de América, donde llegó a estar una de las capitales del mundo, Ciudad de México, entre Filipinas y Europa, y con una de las primeras universidades de América, la Universidad de San Pablo de México en 1551; estaba necesitado de recursos económicos para financiar su elección imperial que correspondía elegir a siete príncipes alemanes.
Como es bien sabido, el Cloud Computing, conocido comúnmente como “la nube”, es un modelo de computación que, dadas sus características, ha provocado cambios notorios, al permitir disponer de la información y los datos desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que a su vez ha originado una revolución tecnológica para las empresas, Administraciones Públicas y, en general, para la propia sociedad, hacia una transformación digital sin precedentes.
Al fin ha visto la luz, el pasado 25 de agosto la esperada reforma concursal. Eso sí, previo rechazo por parte del Congreso de los Diputados, de las enmiendas que introdujo el Senado en su votación del 20 de julio.
Muchas son las voces que acusan a Rusia de crímenes de guerra tras salir a la luz la matanza de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha, lo que lleva a plantearse si Putin acabará sentado en el banquillo.
Treinta y ocho gobiernos han dado un paso importante para garantizar la documentación de posibles crímenes de guerra al solicitar al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). El 28 de febrero de 2022, el fiscal de la CPI, Karim Khan, señaló su intención de tratar de abrir una investigación formal.
La revolución tecnológica es una realidad cuya repercusión se ha extendido a prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida.
En el caso concreto de las empresas, ello ha supuesto un completo cambio de paradigma. Sin embargo, respecto a la gestión documental, aún son muchas las empresas que se resisten a la digitalización de sus documentos, bien por reticencia o bien por simple desconocimiento de cómo hacerlo.
La persona empresaria o autónoma es de por sí la líder inesperada de todos sus ámbitos, tanto del laboral como del personal, y esto requiere potenciar las habilidades humanas, emocionales y profesionales, de ahí que deba profundizar en sí misma.
Está obligada a ser proactiva y tomar el control, planificando objetivos y dedicando tiempo a la gestión de las variables en las que pueda influir, y no en aquellas que dependan de otros factores ajenos o aleatorios; aplicando su conocimiento, experiencia, tiempo y método (aprendizaje y automatización).
Es habitual ver cada día cómo las personas graban con sus teléfonos móviles imágenes en la vía pública por lo que tendemos a pensar que se trata de una práctica legal. Estamos hablando de que entran en juego dos aspectos contradictorios de nuestro ordenamiento jurídico: por un lado; la obtención de imágenes íntimas sin consentimiento y la posterior difusión y, por el otro, definir si en la vía pública existe la privacidad.
El 1 de mayo de 2022 habrá terminado el plazo para adaptar los contratos alimentarios preexistentes y en vigor el 15 de diciembre de 2021, según lo establecido por la disposición transitoria única de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en aquello en que se no se ajusten a lo dispuesto en la misma.
Determinar si, a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la constitución de una sociedad cuyo contravalor consiste en la aportación de bienes inmuebles garantizados con hipoteca supone la existencia de una única operación sujeta a la modalidad operaciones societarias (constitución de sociedad) o si, además, comprende otra operación (adjudicación en pago de asunción de deudas), sujeta a la modalidad transmisiones patrimoniales onerosas por los bienes inmuebles que se entregan al asumir la deuda hipotecaria que los grava.
