En nuestro anterior artículo abordábamos la cuestión de los servicios públicos en los países de economía mixta, que es el entorno en que nos movemos y partíamos, en términos generales y sin entrar en profundidades jurídicas, de que servicio público es aquella actividad llevada a cabo por los organismos públicos o bajo el control de éstos, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de una colectividad. Los servicios públicos son, por tanto, administrados por el Estado (en sentido amplio), aunque pueden recaer en las empresas privadas.

Tocamos ahora un tema no pacífico, probablemente porque hay muchos agentes implicados y por esta razón, lo afrontaremos una vez más desde la perspectiva de los servicios públicos:

En ocasiones, no basta con un sí, para que, en nuestro derecho, se considere que se ha prestado el consentimiento. Esto es así, por cuanto se exige que, para que ese sí sea válido, previamente se haya dispuesto de toda la información necesaria, atendiendo al negocio del que hablemos, las ventajas, los riesgos y las consecuencias, y, por supuesto, se ha de estar en plenas facultades y disponer de capacidad para ello, incluso, en algunos casos, se establece un tiempo mínimo que ha de existir entre el momento en que se disponga de la información y se tome la decisión.

Además, ese sí, no es ilimitado, sino que alcanza hasta donde haya alcanzado la información previamente facilitada.

España lleva más de tres años ignorando las recomendaciones que lanzó Europa en 2014 para alcanzar la igualdad salarial. Según el artículo 14 de la Constitución Española: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Y su artículo 35.1 consolida el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades de la persona trabajadora y su familia sin que, en ningún caso, pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Asimismo, el artículo 23.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 diciembre de 1945, establece que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Atendiendo a estos artículos hablar de brechas salariales o techos de cristal se diría que está fuera de lugar y, sin embargo, la realidad se aleja del papel mucho más de lo que nos imaginamos.

Si nos preguntamos cuál es la característica más significativa del contexto social actual, creo que podemos coincidir en que ésta es el permanente cambio. En ese contexto, articular un modelo de Administración Pública eficiente, no es tarea fácil. Requiere, al menos, la incorporación de los siguientes elementos:

Un sistema integrado de transparencia y participación ciudadana que permita habilitar un conjunto de servicios organizativos, jurídicos y tecnológicos para impulsar y facilitar la implicación de la ciudadanía en las políticas públicas.

¿Por qué existen subvenciones agrícolas? ¿cuál es su origen? Ambas preguntas nos trasladan al año 1962, tras los Tratados de Roma de 1957, que dieron origen a la Unión Europea, cuando, en una Europa occidental condicionada por las carencias de la posguerra, se estableció la política agrícola común, más conocida como la PAC.

El objetivo principal era asegurar que los ciudadanos dispusieran de un suministro estable y suficiente de alimentos a precios asequibles, y para ello era necesario disponer de un sector agrícola viable, con una unidad de mercado de libre circulación de productos agrarios, protegiendo las producciones comunitarias y aplicando un principio de solidaridad financiera, que permitiera financiar las políticas establecidas.

El trabajo autónomo tiene en España un destacado protagonismo al servicio de la generación de riqueza y de la actividad productiva y posee un importante peso específico en el mercado de trabajo, y si bien durante los años de crisis experimentó un significativo descenso, ha demostrado una importante capacidad de recuperación y un enorme potencial en cuanto a generación de empleo.

Por ese motivo, a lo largo de los últimos años se ha articulado una serie de medidas a su favor que han permitido estimular el aumento de los flujos de entrada en el mercado de trabajo de los autónomos y que también han incidido en mejorar las posibilidades de supervivencia de la actividad emprendedora y su fortalecimiento.

El empresario es a menudo tratado como un ser individualista a capa y espada, batiéndose contra los incrédulos para crear un negocio alrededor de su gran idea innovadora. Casi todos los días una de las principales empresas informa de sus resultados financieros, lo que significa que una de estas personas va a estar deseando ponerse ante una cámara o un micrófono para explicarlos.

Siempre se ha dicho, y yo lo suscribo, que más vale un mal acuerdo que un buen juicio. El motivo principal de dicha afirmación es el tiempo y el ejercicio de renuncia que exige a las partes un acuerdo. El tiempo que se pierde dedicándolo a la atención que requiere un pleito bien llevado, en lugar de atender a las necesidades del negocio.

La protección del deudor hipotecario ha sido una preocupación constante y la acción de los poderes públicos se ha centrado en aquellos deudores sin recursos que atravesaban situaciones de especial debilidad: acciones conducentes a procurar la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago, como mecanismos de flexibilización de los procedimientos de ejecución hipotecaria.

No hace falta tener una gran perspectiva histórica para saber que, antes de que existiera la Unión Europea, los británicos tenían colonias de residentes establecidas en España vinculadas a actividades empresariales y económicas, que aportaron su estilo de vida, cultura e idioma; como fue, por ejemplo, el de la clase media empresarial y trabajadora, el fútbol y el golf, y el inglés, respectivamente.

Ninguna de esas aportaciones debemos perderlas porque ya son nuestras, nos han enriquecido y nos hacen más competitivos. En especial, se trataría de potenciar un único idioma común dentro de la Unión Europea en el que se ha invertido mucho, que nos conecta con muchas partes del mundo y nos hace más atractivos para las propias empresas británicas, ahora no de forma impuesta sino asumiéndolo voluntariamente, y si se quiere, en honor a otros estados miembros como Irlanda y Malta.

El Boletín Oficial del Estado de 4 de julio de 2017 ha publicado el Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada. 

Es evidente que el año 2017 es el año de la transformación digital, habiéndose publicado diversos estudios e informes sobre este tema, así como celebrado otros tantos congresos e iniciativas sobre esta temática. Ahora bien, si algo queda patente a la vista de los mismos es que, por un lado, el porcentaje de las empresas españolas que se encuentran en un proceso de transformación digital sigue siendo bajo y, por otro lado, que aún queda mucho por hacer al respecto, sobre todo, en lo relativo al debido cumplimiento de la legislación digital aplicable.

Siempre he pensado que la mejor forma de aumentar la recaudación por el cobro de impuestos pasa por estimular y dinamizar la actividad económica y social estableciendo impuestos sencillos, que todo el mundo que los tenga que pagar entienda, que no se establezcan impuestos ficticios e injustos, que no respondan a la realidad, y se dé ejemplo gestionando esos recursos y que la sociedad los perciba con la mejora de los servicios y del bienestar general.

El compliance es el nombre que recibe la función independiente en la empresa que identifica, asesora, alerta, reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones. La reforma del Código Penal de 2010 estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y una modificación en 2015 ha introducido la obligatoriedad para las empresas de contar con un plan de cumplimiento normativo que vele por que sus actuaciones se ajusten a criterios legales y éticos, con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del «debido control».