La Constitución Española y la legislación europea protegen la privacidad del ámbito personal de los candidatos frente a posibles preguntas que los reclutadores pueden llegar a hacer en determinados procesos de selección, que tratan de ampliar, confirmar y/o contrastar información que el candidato ofrece en su currículum vitae.

El respeto, con independencia de la identidad y expresión de género de cada cual, de la dignidad humana de todas las personas, a su vida privada, a su integridad física y psíquica, y a la libre autodefinición, establecido en la reciente Ley 2/2021, de 7 de junio, para la Comunidad Autónoma de Canarias, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales; responde a valores éticos universales, como son, la libertad, el respeto, la honestidad, la tolerancia, la justicia, la amistad y la bondad, que va más allá de las religiones y de las ideologías.

Los cambios monetarios siempre han existido en la historia de la humanidad: el oro reemplaza al trueque como moneda para las transacciones, los billetes reemplazan al oro como medio de almacenamiento de valor, y las criptomonedas están a punto de reemplazar el papel moneda.

Las criptomonedas han alcanzado en los últimos meses las mayores cotas de popularidad que se recuerdan. En febrero y marzo de 2021 hemos visto cómo la cotización de las principales criptomonedas (bitcoin, ethereum, litecoin) subía vertiginosamente.

No debe ser una sorpresa para nadie afirmar que la normativa en materia de protección de datos es de aplicación al tratamiento de datos efectuado en el ámbito laboral.

Sin duda, son multitud los datos personales que se manejan en este entorno, pero no siempre su tratamiento se hace de forma adecuada.

La demagogia nos mata y la realidad se impone. Por supuesto que cualquier persona que se dedique a producir algún tipo de producto, para que ello tenga sentido, tiene que conseguir venderlo por un importe superior a los costes que dicha producción representa y obtener con ello algún beneficio.

Por otro lado, también es cierto que es esencial hacer llegar a las personas los productos de primera necesidad a precios asequibles, y que una buena alimentación no se convierta en una cuestión de lujo accesible para unos pocos.

La pandemia ha cambiado nuestros hábitos con respecto a las compras y al consumo. Antes nos resistíamos a comprar un simple pantalón por internet, ahora -sólo un año después- nos vemos capacitados para -incluso-, amueblar toda nuestra casa con productos adquiridos a través de la red.

Si hay un sector que ha crecido de forma exponencial estos últimos meses es el del comercio electrónico. Y es que, Internet se nos presenta como una “avenida” llena de tiendas, donde no hay horarios, ni restricciones y donde, además, no invertimos tiempo en desplazarnos.

La situación de España y casi todo el mundo por la grave pandemia del COVID- 19, está produciendo ya, y por un tiempo prolongado, unos efectos económicos negativos muy cuantiosos y abre la puerta a que, desde el principio general del obligado cumplimiento de lo libremente estipulado en cualquier negocio jurídico, se pueda dejar paso una interpretación más extensiva y lógica en la que las circunstancias sobrevenidas e imprevisibles y con daños extraordinarios puedan suponer la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus dejando sin efecto el contrato o modulando o modificando las prestaciones exigibles pactadas.

Los hoteles han sido protagonistas destacados del año 2020, como el lugar en el que unos héroes, con sentido de la responsabilidad social, y haciendo gala de creatividad y ética, afrontaron, a principios del año 2020, con éxito, uno de los primeros casos en España de la enfermedad denominada Covid-19, protagonista de la actual pandemia.

Estos héroes fueron el equipo del Hotel H10 Costa Adeje, en Tenerife, los sanitarios y demás profesionales y responsables, incluido políticos, que tuvieron que gestionar esa situación, con la que nos vuelven a demostrar que, las personas, aún actuando dentro de nuestro ámbito cotidiano y con nuestros defectos y virtudes, podemos hacer cosas extraordinarias aportando algo a nuestro entorno.

Muy probablemente habrás visto como en los últimos meses los mensajes informativos sobre el uso de las cookies en las webs han cambiado solicitando ahora un consentimiento expreso del usuario e incluso, presentando la posibilidad de configurar las mismas, y ello porque la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha actualizado su Guía sobre el uso de las cookies para adaptarla a las Directrices sobre el consentimiento del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) y atentos, porque el plazo para ponerse al día con las nuevas indicaciones de la AEPD, finalizó el pasado 31 de octubre, por lo que si tu web es de esas que aún no se han actualizado, te invito a seguir leyendo este artículo pues será de especial interés.

La mediación se presenta hoy -más que nunca- como una valiosa alternativa. En países como Estados Unidos o Reino Unido, la mediación está plenamente consolidada, con tasas de éxito superiores al 85%.

A tal efecto, el Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo (LA LEY 4652/2020), por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 ya hecho referencia a ello a señalar en Disposición adicional decimonovena, que lleva por rúbrica Agilización procesal que: Una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y de las prórrogas del mismo que, en su caso, se hayan acordado el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 15 días, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis.

Es necesario un cambio de mentalidad en el que la sociedad valore más la actividad emprendedora y la asunción de riesgos. La piedra angular para que dicho cambio tenga lugar es, sin duda, el sistema educativo, fomentando el respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial, como creadores de riqueza y bienestar social.

Dicho cambio se propuso con la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que se publicó en un contexto en el que España venía atravesando una grave y larga crisis económica con agudas consecuencias sociales, y cuyo mensaje, con la crisis sanitaria motivada por la pandemia del Covid-19, es aún más necesario, y nos obliga a ser más creativos a la hora de generar nuestro propio puesto de trabajo.

Desde hace media década, los negocios a distancia y con carácter online se han multiplicado exponencialmente. Las medidas de confinamiento decretadas para combatir la pandemia del COVID-19  han dado un empujón incluso aún mayor a este tipo de negocios.

Ante la imposibilidad de desplazarse a los comercios físicos, las compras a través de Internet se han disparado como la única alternativa para acceder a productos o bienes en este contexto.

La aparición del COVID-19, el posterior confinamiento y la consiguiente desescalada ha desembocado en este momento. Momento que supone una nueva casilla de salida, un nuevo comenzar, una nueva normalidad, algo que nos produce cierta incertidumbre y desasosiego pero que, sin duda, también tiene su punto positivo, ¿qué tal si lo aprovechamos para solventar los errores del pasado?

Estamos viviendo una experiencia que nos debe recordar lo importante que es mejorar la separación de poderes para, entre otras cosas, protegernos de los intereses particulares de los partidos políticos, sea cual sea éste, y velar por una democracia que permita a las personas desarrollar su libertad, que es personal y no colectiva, y que con su esfuerzo puedan realizarse y ser felices.

No es lo mismo, ni tiene la misma legitimidad, el que una norma emane de un consejo de ministros que emane de las Cortes Generales, el primero representa al poder ejecutivo y el segundo al poder legislativo, siendo el tercero el poder judicial. Ser conscientes de ello, y aplicarlo, es una verdadera cultura democrática.

Desde que la ministra de trabajo anunció que los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) solicitados durante el periodo de alarma sanitaria, podrían renegociarse afirmando también que por parte de la Administración Pública se actuaría con “máxima flexibilidad y sentido común”, son múltiples las dudas legales que tienen las diversas empresas que se encuentran con personal en esta situación.