Se ha tratado mucho la responsabilidad penal de la persona jurídica y las ventajas de tener un plan de prevención de riesgos penales. El compliance está de moda.

La persona jurídica tiene las mismas garantías procesales que la persona física, deben aplicársele, por tanto, los mismos principios del proceso penal, como son los de oralidad -debe ser escuchada- y contradicción -debe poder defenderse de la acusación- entre otros.

Efectivamente, para tener la obligación de tributar por disfrutar de una plusvalía, esta tiene que ser cierta, y no inventada, pero le corresponde probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido al obligado tributario y, por tanto, que no se ha producido el nacimiento de la obligación tributaria principal correspondiente al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, no procediendo, en tales casos, la liquidación del impuesto.

Esa carga de la prueba, básicamente, es lo que establece la doctrina del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, mediante las sentencias de 26 de Julio de 2019, números 1154/2019, 1151/2019 y 1155/2019.

La competencia en los mercados ayuda a conseguir mejores precios, productos y servicios de más calidad, un nivel de desarrollo técnico más avanzado y, en definitiva, más productividad y más competitividad para nuestras empresas.

La existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos en favor de los operadores o las técnicas más eficientes.

Esta eficiencia productiva se traslada al consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la sociedad.

La primera impresión sí importa, y como dijo Oscar Wilde, no hay segundas oportunidades para causar la primera impresión. “En esta época, en que tan de ligero, se juzga sólo por las apariencias, a falta de mejor documentación”, nos dijo María Luisa Alonso Duro, en su libro “Las tres Cocinas”, la moderna, la del campo y la dietética, y en un contexto histórico, el año 1933, en el que por primera vez votaron la mujeres en España y en el que se produjo la tercera insurrección anarquista.

Esa primera impresión en el mundo de la cocina la causa la presentación, por ello, la primera parte de su libro lo dedica a la organización de la comida, a la presentación de la mesa y a la composición del menú, y lo remata con los modales a seguir en la mesa. El resto del libro, la mayor parte, lo dedica a un gran número de maravillosas recetas, es decir, a la sustancia, que aún es más importante. 

La innovación es un importante estímulo para el desarrollo de nuevos conocimientos y propicia la emergencia de modelos empresariales basados en la utilización de conocimientos adquiridos colectivamente.

Las organizaciones valoran sus secretos empresariales tanto como los derechos de propiedad industrial e intelectual y utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de la competitividad empresarial. 

La Ley 1/2019 de 20 de febrero, transpone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

“La imagen es como se percibe la marca, no como es”, nos recordaba, el 22 de febrero de 2019, Carlos Espinosa de los Monteros, ex alto comisionado de la Marca España, que nos contó que, en su entorno, los conceptos que se asocian a Canarias en Europa, es decir, con su marca, son, entre otros, los siguientes: “clima, lejos, vacaciones, plátano, flores, amarillo, belleza y ecología”.

La ocupación ilegal de viviendas viene siendo noticia tanto en la prensa escrita como el día a día de los informativos. Fenómenos de ocupación ilegal premeditada, con finalidad lucrativa, que, aprovechando de forma muy reprobable la situación de necesidad de personas y familias vulnerables, se han amparado en la alta sensibilidad social sobre su problema para disfrazar actuaciones ilegales por motivaciones diversas, pocas veces respondiendo a la extrema necesidad.

Incluso, se han llegado a ocupar ilegalmente viviendas de alquiler social de personas en situación económica muy precaria o propiedad de ancianos con pocos recursos y para abandonarlas se les ha exigido el pago de cantidades a cambio de un techo inmediato, o se ha extorsionado al propietario o poseedor legítimo de la vivienda para obtener una compensación económica.

Espectacular y estimulante, son los dos calificativos que utilizo para resumir Géiser 2018, un ejemplo de jornada de emprendimiento e innovación, donde, en el Auditorio de Tenerife el 8 de noviembre de 2018, tuvimos la oportunidad de salir de la caja a pensar “out of the box”, y escuchar los mensajes (aplicables a todos los ámbitos y sectores, incluido el jurídico) de los ponentes que representaban a empresas como IBM, fnac, UBER, DIRSE y ARTS, y a una institución estratégica como la Consejería de Educación de la Embajada de España en el Reino Unido e Irlanda.

Más allá de las modificaciones que introduce la reforma del Estatuto de Canarias que se acaba de aprobar, debemos celebrar haber conseguido el objetivo.

Seguro que no contenta a todos, pero, ¿no se trataba de eso? Sólo cediendo un poco cada parte, se puede alcanzar un fin común medianamente satisfactorio para cada uno. En un momento político tan convulso, deberíamos enorgullecernos por haber conseguido lo que otros no han logrado, probablemente porque ni siquiera lo intentaron: al realizar defensas numantinas enarbolando principios y valores superiores, se olvidan del objetivo, pierden el focus…

El uso de redes sociales es parte del día a día. Pero hay que tener cuidado y mantener una seguridad activa para que no haya problemas.

Hoy el mundo se ve de otra manera gracias a las nuevas tecnologías. La forma de comunicarse, aprender o comprar ha cambiado de manera radical.

La ingeniería social es el arte de engañar a otros para conseguir algo, que puede ser desde que nos creamos el timo de la lotería hasta que dejemos que un virus se cuele en el ordenador. Los hackers saben mucho de ingeniería social, pues el ser humano que está ante el ordenador es siempre el eslabón más débil de la seguridad informática. Si nos cuentan una mentira bien aderezada, no dudaremos en pinchar un enlace malicioso, dar nuestra contraseña e incluso el número de tarjeta de crédito a quien nos la pide.

En un reciente acto de la Asociación para el Progreso de la Dirección en Canarias me recordaron un proverbio africano que dice, “solo para ir rápido y acompañado para ir lejos”; en el mundo digital del siglo XXI ambas cosas se pueden combinar, dado que existen formas distintas de acompañarse y, al mismo tiempo, coger la velocidad de ir solo, respetando el desarrollo personal e independiente.

Es una cuestión de sinergias y de aportar algo a la sociedad.

La participación en vida en las redes sociales supone un problema añadido en el momento de la muerte.

A pesar que este tema puede sonar algo escabroso, el objetivo que se pretende con este artículo es no serlo de ninguna manera y ser instructivo en cuánto a los mecanismos disponibles para dar de baja un perfil de un usuario que lamentablemente ha fallecido.

Cuando nacieron las redes sociales, nadie preveía qué pasaba con los perfiles de los usuarios y su información cuando estos fallecieran. Con el tiempo, algunas han habilitado mecanismos para. al menos poder hacer algo.

En nuestro anterior artículo abordábamos la cuestión de los servicios públicos en los países de economía mixta, que es el entorno en que nos movemos y partíamos, en términos generales y sin entrar en profundidades jurídicas, de que servicio público es aquella actividad llevada a cabo por los organismos públicos o bajo el control de éstos, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de una colectividad. Los servicios públicos son, por tanto, administrados por el Estado (en sentido amplio), aunque pueden recaer en las empresas privadas.

Tocamos ahora un tema no pacífico, probablemente porque hay muchos agentes implicados y por esta razón, lo afrontaremos una vez más desde la perspectiva de los servicios públicos:

En ocasiones, no basta con un sí, para que, en nuestro derecho, se considere que se ha prestado el consentimiento. Esto es así, por cuanto se exige que, para que ese sí sea válido, previamente se haya dispuesto de toda la información necesaria, atendiendo al negocio del que hablemos, las ventajas, los riesgos y las consecuencias, y, por supuesto, se ha de estar en plenas facultades y disponer de capacidad para ello, incluso, en algunos casos, se establece un tiempo mínimo que ha de existir entre el momento en que se disponga de la información y se tome la decisión.

Además, ese sí, no es ilimitado, sino que alcanza hasta donde haya alcanzado la información previamente facilitada.

España lleva más de tres años ignorando las recomendaciones que lanzó Europa en 2014 para alcanzar la igualdad salarial. Según el artículo 14 de la Constitución Española: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Y su artículo 35.1 consolida el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades de la persona trabajadora y su familia sin que, en ningún caso, pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Asimismo, el artículo 23.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 diciembre de 1945, establece que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Atendiendo a estos artículos hablar de brechas salariales o techos de cristal se diría que está fuera de lugar y, sin embargo, la realidad se aleja del papel mucho más de lo que nos imaginamos.