Es necesario un cambio de mentalidad en el que la sociedad valore más la actividad emprendedora y la asunción de riesgos. La piedra angular para que dicho cambio tenga lugar es, sin duda, el sistema educativo, fomentando el respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial, como creadores de riqueza y bienestar social.

Dicho cambio se propuso con la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que se publicó en un contexto en el que España venía atravesando una grave y larga crisis económica con agudas consecuencias sociales, y cuyo mensaje, con la crisis sanitaria motivada por la pandemia del Covid-19, es aún más necesario, y nos obliga a ser más creativos a la hora de generar nuestro propio puesto de trabajo.

Desde hace media década, los negocios a distancia y con carácter online se han multiplicado exponencialmente. Las medidas de confinamiento decretadas para combatir la pandemia del COVID-19  han dado un empujón incluso aún mayor a este tipo de negocios.

Ante la imposibilidad de desplazarse a los comercios físicos, las compras a través de Internet se han disparado como la única alternativa para acceder a productos o bienes en este contexto.

La aparición del COVID-19, el posterior confinamiento y la consiguiente desescalada ha desembocado en este momento. Momento que supone una nueva casilla de salida, un nuevo comenzar, una nueva normalidad, algo que nos produce cierta incertidumbre y desasosiego pero que, sin duda, también tiene su punto positivo, ¿qué tal si lo aprovechamos para solventar los errores del pasado?

Estamos viviendo una experiencia que nos debe recordar lo importante que es mejorar la separación de poderes para, entre otras cosas, protegernos de los intereses particulares de los partidos políticos, sea cual sea éste, y velar por una democracia que permita a las personas desarrollar su libertad, que es personal y no colectiva, y que con su esfuerzo puedan realizarse y ser felices.

No es lo mismo, ni tiene la misma legitimidad, el que una norma emane de un consejo de ministros que emane de las Cortes Generales, el primero representa al poder ejecutivo y el segundo al poder legislativo, siendo el tercero el poder judicial. Ser conscientes de ello, y aplicarlo, es una verdadera cultura democrática.

Desde que la ministra de trabajo anunció que los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) solicitados durante el periodo de alarma sanitaria, podrían renegociarse afirmando también que por parte de la Administración Pública se actuaría con “máxima flexibilidad y sentido común”, son múltiples las dudas legales que tienen las diversas empresas que se encuentran con personal en esta situación.

El inicio de las fases de desconfinamiento ha marcado el principio de la vuelta paulatina a la normalidad, pero son muchas las dudas que se están planteando sobre qué medidas de seguridad se deben aplicar para prevenir nuevos contagios de COVID-19.

De cualquier experiencia que se tenga, positiva o negativa, se deben extraer conclusiones para no incurrir en los mismos errores o identificar aquello que se pueda mejorar para esta y futuras generaciones.

Esta crisis del coronavirus nos está recordando que el ser humano es vulnerable y que las fronteras son líneas ficticias artificialmente creadas para organizarnos como colectivo humano, como nos dijo Yuval Noah Harari, en su libro “Sapiens. De animales a dioses”.

En plena era digital, la máxima de “si no estás en Internet no existes” es algo que no sólo aplica a cada uno de nosotros como entes individuales, sino también, y con más trascendencia si cabe, a las empresas.

No cabe duda de que, la presencia en Internet de las empresas ha supuesto grandes beneficios que van desde la obtención de información con fines de marketing y promoción, a la posibilidad de un contacto directo con clientes e incluso, la venta directa de productos.

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación (“LOE”) distingue, como agentes que intervienen en el proceso de edificación, entre promotores, constructores, dirección técnica, dirección facultativa, suministradores de materiales, laboratorios de calidad, propietarios y usuarios y les atribuye distintos deberes y responsabilidades.

La filosofía, psicología y antropología, junto con las ingenierías y matemáticas, están en auge. Estas y otras cuestiones, se pusieron de manifiesto en el magnífico foro de innovación, creatividad y empresa responsable, Géiser 2019, que se celebró en el Auditorio de Tenerife el 7 de noviembre de 2019, con ponentes que representan diferentes formas de liderazgo, Endesa, Innuba, Cabify, Facebook, La Bolsa Social y MIT Technology Review.

Se ha tratado mucho la responsabilidad penal de la persona jurídica y las ventajas de tener un plan de prevención de riesgos penales. El compliance está de moda.

La persona jurídica tiene las mismas garantías procesales que la persona física, deben aplicársele, por tanto, los mismos principios del proceso penal, como son los de oralidad -debe ser escuchada- y contradicción -debe poder defenderse de la acusación- entre otros.

Efectivamente, para tener la obligación de tributar por disfrutar de una plusvalía, esta tiene que ser cierta, y no inventada, pero le corresponde probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido al obligado tributario y, por tanto, que no se ha producido el nacimiento de la obligación tributaria principal correspondiente al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, no procediendo, en tales casos, la liquidación del impuesto.

Esa carga de la prueba, básicamente, es lo que establece la doctrina del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, mediante las sentencias de 26 de Julio de 2019, números 1154/2019, 1151/2019 y 1155/2019.