La protección del deudor hipotecario ha sido una preocupación constante y la acción de los poderes públicos se ha centrado en aquellos deudores sin recursos que atravesaban situaciones de especial debilidad: acciones conducentes a procurar la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago, como mecanismos de flexibilización de los procedimientos de ejecución hipotecaria.

No hace falta tener una gran perspectiva histórica para saber que, antes de que existiera la Unión Europea, los británicos tenían colonias de residentes establecidas en España vinculadas a actividades empresariales y económicas, que aportaron su estilo de vida, cultura e idioma; como fue, por ejemplo, el de la clase media empresarial y trabajadora, el fútbol y el golf, y el inglés, respectivamente.

Ninguna de esas aportaciones debemos perderlas porque ya son nuestras, nos han enriquecido y nos hacen más competitivos. En especial, se trataría de potenciar un único idioma común dentro de la Unión Europea en el que se ha invertido mucho, que nos conecta con muchas partes del mundo y nos hace más atractivos para las propias empresas británicas, ahora no de forma impuesta sino asumiéndolo voluntariamente, y si se quiere, en honor a otros estados miembros como Irlanda y Malta.

El Boletín Oficial del Estado de 4 de julio de 2017 ha publicado el Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada. 

Es evidente que el año 2017 es el año de la transformación digital, habiéndose publicado diversos estudios e informes sobre este tema, así como celebrado otros tantos congresos e iniciativas sobre esta temática. Ahora bien, si algo queda patente a la vista de los mismos es que, por un lado, el porcentaje de las empresas españolas que se encuentran en un proceso de transformación digital sigue siendo bajo y, por otro lado, que aún queda mucho por hacer al respecto, sobre todo, en lo relativo al debido cumplimiento de la legislación digital aplicable.

Siempre he pensado que la mejor forma de aumentar la recaudación por el cobro de impuestos pasa por estimular y dinamizar la actividad económica y social estableciendo impuestos sencillos, que todo el mundo que los tenga que pagar entienda, que no se establezcan impuestos ficticios e injustos, que no respondan a la realidad, y se dé ejemplo gestionando esos recursos y que la sociedad los perciba con la mejora de los servicios y del bienestar general.

El compliance es el nombre que recibe la función independiente en la empresa que identifica, asesora, alerta, reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones. La reforma del Código Penal de 2010 estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y una modificación en 2015 ha introducido la obligatoriedad para las empresas de contar con un plan de cumplimiento normativo que vele por que sus actuaciones se ajusten a criterios legales y éticos, con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del «debido control».

A veces uno no se da cuenta de lo evidente, aun teniéndolo enfrente. Esto me ocurrió a mi cuando un sábado por la mañana, haciendo sportworking, tomo consciencia de que en la empresa familiar tan importante es organizar la gestión del patrimonio y la actividad empresarial, elaborando protocolos familiares para la adecuada sucesión y el relevo generacional, como gestionar la propia familia, y que para esto último ya existe, desde hace tiempo, una profesión especializada como es la figura del “entrenador familiar”, que dentro de la psicología se denomina “escuela de padres”.

Las personas, tanto al buscar empleo como al decidir qué estudiar y dónde, o al sopesar opciones de movilidad, necesitan acceso a la información, modos de evaluar sus capacidades

y vías para presentar lo que saben y lo que pueden hacer. Alrededor de la mitad de los trabajadores de Europa se han beneficiado de la educación y formación profesional (EFP). Como consecuencia, gracias a la buena formación del personal con competencias actualizadas, las empresas y las organizaciones son más fuertes y competitivas, y contribuyen, asimismo, al crecimiento inteligente y sostenible.

De todos es sabido que Las Islas, por sus paisajes tan variados, constituyen un lugar apreciado por la industria cinematográfica desde hace muchos años. Basta hojear el libro de la filmoteca canaria “Rodajes en Canarias (1951-1970)”, que se publicó en 2012, para darse cuenta de la importancia de nuestra Comunidad Autónoma como plató de cine desde la década de los años cincuenta. Títulos como Ulises contra Hércules (1961) o Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, de la productora Hammer, lo confirman plenamente. 

Sin embargo, el auge de los rodajes cinematográficos en los últimos años, en los que han pasado por las islas muchos actores como, entre otros, Matt Damon para rodar Jason Bourne en Tenerife, o Brad Pitt para Allied en Gran Canaria, o la misma Penélope Cruz para rodar la película de Pedro Almodovar Los abrazos rotos, no han hecho sino colocar al archipiélago como un importante plató internacional para las industrias cinematográficas. ¿A qué se debe esto? ¿Únicamente a nuestros bonitos y variados paisajes? 

La situación estratégica y la capacidad productiva del suelo de Canarias fueron muy apreciadas a finales del siglo XVIII por las flotas mercantes y por las marinas de guerra europeas que utilizaron el puerto de Santa Cruz de Tenerife para el aprovisionamiento de sus barcos. Qué duda cabe, que sin estas facilidades era imposible consolidar la expansión de su imperio, en el caso británico.

Tanta relevancia tenía dicho abastecimiento que, en ocasiones, afectaba al limitado mercado local y algunas veces se impedía por influir directamente en sus precios. Hechos como estos sucedían cuando se demandaba ganado vacuno para esas naves obligando a las autoridades a intervenir para limitar tanta “exportación”. También destacaba el suministro de vinos, que por su apreciado comportamiento en los largos viajes a vela, venía a ser un “combustible” esencial para las tripulaciones y pasajeros. Pero, ¿por qué es relevante esta breve introducción?, precisamente por exponer gráficamente las limitaciones de nuestro territorio y la productividad que del mismo se extrae.

Resulta obvio decir que el sector turístico en España y, en particular, en Canarias, ha experimentado importantes cambios durante los últimos años para adaptarse a diversos procesos innovación, diversificando y ajustando de forma constante los servicios turísticos asociados, todo ello impulsado, en gran medida, por el crecimiento de la economía digital¹. 

Como parte de esta evolución, algunas Comunidades Autónomas españolas han publicado normas que regulan nuevas actividades turísticas, por ejemplo, la actividad relacionada con las viviendas de uso vacacional y su promoción a través de determinados canales de oferta turística² (canales de intermediación virtuales, páginas webs de promoción, publicidad, reserva o alquiler, etc.).

Los canarios ya nos hemos acostumbrado a oír que somos diferentes, y por muchos motivos, no sólo por el hecho de formar parte de las islas afortunadas: la mayoría no sabe que Canarias no es diferente porque quiera, sino porque simplemente lo es. 

Canarias vive en una realidad tripartita, al ser geográficamente africana, políticamente europea y con estrechos vínculos con América latina. Si tuviéramos que poner una fecha al advenimiento de este escenario, sería el comienzo de la conquista de las islas y el descubrimiento de América por parte de los europeos. La singularidad de las islas y su lejanía con el continente conllevó que desde el siglo XV Canarias tuviera una singularidad propia y diferenciada, manifestándose específicamente en la fiscalidad.

En las últimas semanas, en los círculos profesionales en que me muevo, no solo se habla de los “papeles de Panamá” y de los asuntos judiciales que día a día están en los medios de comunicación.También se comenta, y con razón, la reciente Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (en adelante TEAC), de  18 de febrero de 2016, que ha declarado con rotundidad que en Derecho Tributario no caben las infracciones tributarias de naturaleza objetiva.

Evidentemente, en este artículo, por razones de espacio, no puedo ocuparme de todas los asuntos que plantea esa Resolución del TEAC. Por eso me limitaré a analizar únicamente dos cuestiones que, como abogada, considero esenciales. 

Antes del Código de Comercio de 1829, España en general y las Islas Canarias en particular, carecían de una reglamentación comercial global que rigiese las relaciones mercantiles y los conflictos entre los comerciantes. A finales del siglo XVIII los comerciantes canarios a los que ahora denominaríamos empresarios, recurrían en ausencia de otra norma, a la que más autoridad moral se le reconocía: las Reales Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1737. Tal fue su éxito que se mantuvieron en vigor y fueron un referente de Código de Comercio en más de diecinueve países de Iberoamérica hasta bien entrado el siglo XIX. Un ejemplo de su aplicación y eficacia se comprobó al ser empleadas en el concurso de acreedores de la herencia de un comerciante canario llamado Juan Cólogan Valois, socio de la compañía londinense Cólogan, Pollard & Cooper, cuando tras su muerte en 1799, su hermano Tomás tuvo que solicitar el citado concurso y recurrir a esas ordenanzas para afrontar las reclamaciones de los acreedores.

Juan Cólogan Valois, a través de la citada compañía, había desarrollado una intensa y exitosa actividad comercial como importador de vinos canarios. Llegando incluso a  firmar contratos de suministros con la Marina Británica (Board of Commissioners for the Victualling of the Navy) a la que abasteció durante más de dos décadas. También mantenía estrechas relaciones comerciales con la América inglesa, concretamente con los puertos de Newport, Nueva York y Filadelfia y muchos otros puertos de Europa.