Presupuestos 2021: entre la incertidumbre y la volatilidad

Es difícil recordar en la historia de la Autonomía en Canarias un escenario más incierto, volátil e inestable que el actual, para elaborar unos Presupuestos Generales. Es cierto que los primeros años de la década de los noventa, o los de la crisis registrada en el 2008 exigieron un considerable esfuerzo, ante la pérdida de ingresos o la necesidad de realizar ajustes en las cuentas públicas, como consecuencia de la crisis financiera.

Sin embargo, el escenario que se dibuja para el año 2021 es radicalmente distinto, sobre todo por la imprevisible evolución de la pandemia, la pérdida del PIB y la caída de los ingresos, consecuencia de la paralización de la actividad económica. A lo que debemos añadir, además, la aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que determina la fijación de los objetivos de estabilidad, objetivo de deuda y la regla de gasto para el 2021.

La crisis sanitaria y económica ha dibujado un efecto negativo a escala global, con una previsión de caída de la producción mundial del 5%, para el 2020. Las previsiones negativas aumentan en España, donde algunos analistas contemplan la probabilidad de reducción del Producto Interior Bruto real, de hasta el 15%.

Para Canarias las previsiones son aún más negativas que para la media del Estado, dado el peso del sector del Turismo, y su vinculación directa con la evolución de la enfermedad. La deseable progresiva apertura del tráfico aéreo depende no solo de las decisiones que tomen Canarias y España, sino de las decisiones que adopten los países emisores, y de la predisposición o no de los potenciales turistas para desplazarse.

Los datos que maneja el Gobierno de Canarias, y que ha hecho público el Vicepresidente y Consejero de Hacienda, Román Rodríguez, contemplan un rango de caída del PIB entre el 12,9 % y el 18,03 %, como consecuencia de la práctica paralización de la actividad turística, y con unas enormes dificultades para su reactivación.

La previsión de pérdida de recaudación ronda los 930 millones de euros, de todos los tributos indirectos autonómicos, tanto los propios como los cedidos por el Régimen Económico y Fiscal. Es decir, cabildos y ayuntamientos, cotitulares de buena parte de esos tributos, sufrirán también un significativo recorte de aportaciones financieras.

A la incertidumbre respecto a la disponibilidad de los recursos tributarios competencia de la Comunidad Autónoma, se suma la carencia de información sobre las entregas a cuenta del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas para el próximo año. Tampoco se conoce aún los recursos a los que podría acceder Canarias de los fondos recogidos en el “Next Generation EU”, y que se canalizarán tanto a través del Fondo de Recuperación y Resiliencia -destinado a promover reformas e inversiones que aumenten la resiliencia y el crecimiento a largo plazo- y el REACT-EU, destinado a hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la COVID19, como programas de creación de empleo, productos y servicios para los sistemas de salud, circulante e inversión en pymes, o infraestructuras para servicios básicos a la ciudadanía.

Con ese escenario de dramática reducción de ingresos por las diferentes vías, el Parlamento de Canarias deberá aprobar una Ley de Presupuestos con un considerable incremento del gasto en algunas de sus partidas, especialmente las que tienen que ver con servicios esenciales como los sanitarios, los educativos o aquellos destinados a servicios sociales y asistenciales para personas con menos recursos, o en desempleo.

En un contexto cargado de dificultad, sin ningún tipo de seguridad, con una drástica reducción de los ingresos, y siendo la Ley de Presupuestos una herramienta fundamental para la gestión pública, el Gobierno de Canarias debe diseñar una política presupuestaria reorientada, en primer lugar, a paliar los efectos de la crisis y, casi en paralelo, a abordar el plan de recuperación económica y social.

El pacto en el que se ha venido trabajando arrancó en una fecha simbólica: 30 de mayo, Día de Canarias. Un Plan vertebrado sobre las líneas de lucha contra la pobreza y la inclusión social. Un plan para potenciar y mejorar los servicios básicos esenciales (Sanidad, Educación y Dependencia); así como para fomentar la igualdad de género; el crecimiento económico, la creación de empleo, y el Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático.

Solo desde el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, el refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias; el apoyo a las personas vulnerables; el impulso de la actividad económica y la agilización y modernización administrativa, podremos manejar y gestionar una situación tan compleja, tan incierta, tan volátil y tan impredecible en su evolución, tanto en el campo sanitario como en el de la economía.

Es preciso buscar puntos de encuentro; es necesario realizar apuestas valientes, diferentes, novedosas. Es urgente tomar decisiones que -quizá- en el plazo corto no sean entendidas. Pero para eso, para dirigir esta Tierra, para gobernarla y salir de esta crisis múltiple, la primera herramienta que necesitamos es una Ley de Presupuestos.