En esta ocasión me ha tocado escribir un artículo en circunstancias que hace unos meses podrían habernos parecido un escenario de película de ciencia ficción. Muchos clientes me preguntaban que cuándo llegaría esa crisis de la que todo el mundo hablaba y que cómo sería, para poder estar preparados. Mi respuesta era siempre la misma, la verdadera crisis será aquella que no se espera.
Escribo estas líneas en la segunda semana del estado de alarma decretado por el Gobierno de España a causa de la crisis sanitaria producida por el COVID-19 el cual está afectando a todo el planeta y con especial virulencia en España.
Los efectos económicos serán cuantiosos y aún es difícil de predecir el tiempo que tardará en recuperarse la actividad económica, cuando aún no sabemos siquiera el tiempo que costará vencer la pandemia.
Con la publicación el pasado 31 de diciembre de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias ha quedado plasmado de forma oficial uno de los temores fiscales que sobrevolaban nuestro panorama tributario.
La aparición en el borrador de los presupuestos de la posible eliminación de la bonificación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones propició que el cierre de 2019 estuviera plagado de transmisiones lucrativas, con el fin de evitar la carga impositiva que aventuraba el citado cambio.
Sin embargo, la cifra de operaciones efectuadas quedó mermada sobre todo en el caso de patrimonios con elevado porcentaje de inmuebles, dado que la donación de estos activos se asimila en el impuesto sobre la renta de las personas físicas a una transmisión patrimonial onerosa, es decir, el donante debe tributar de igual forma que si la hubiera vendido. Por ello, los análisis fiscales de las operaciones en su conjunto (donantes y donatarios) hacían desaconsejable realizar las donaciones, por el elevado coste fiscal que suponía.
Hace unos pocos años, la información económica apenas era seguida por un puñado de oficinistas bancarios que se dedicaban a “jugar” en bolsa. Sin embargo hoy, con la explosión de internet, esto ha cambiado y la información económica nos rodea. Términos como PIB, renta per cápita, Índice de producción industrial, Brent, Inflación, etc. están por todos lados. Esta jerga económica nos suena como la profesión de “youtuber”, que parece cosa solo de millennials.
Las agencias de calificación crediticia son organizaciones especializadas en la evaluación del riesgo de crédito tanto del sector público de como compañías privadas que optan por financiarse a través de los mercados de capitales.
A través de sus calificaciones (‘ratings’) dan una medida de su solvencia y de la probabilidad de que se produzca un impago de sus obligaciones financieras. Los ‘ratings’ sirven como referencia a los inversores en sus decisiones ya que les permite conocer de forma rápida el riesgo asociado a las mismas y, por tanto, la remuneración que pueden exigir.
El pasado 17 de julio de 2019 se publicó en el BOE la Orden HAC/773/2019 que establece una nueva regulación en lo relativo a la llevanza de los libros registros para empresarios y profesionales, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aunque dicha medida indicaba que la entrada en vigor de la norma se establecía para el día siguiente a su publicación, posteriormente, el 8 de agosto, se ha emitido una corrección de errores que establece su entrada en vigor para el 1 de enero de 2020, con efecto en las anotaciones registrales correspondientes al ejercicio 2020 y siguientes.
En el día a día de la profesión de consultor me encuentro con muchos empresarios que me preguntan acerca de la conveniencia o no de emprender una nueva línea de negocio, un nuevo local o punto de venta, o de contratar o no a un nuevo trabajador para aumentar la plantilla, etc.
En la mayoría de los casos la decisión de acometer o no una nueva inversión en una pyme se basa en la experiencia del propio empresario, es lo que denominamos la intuición basada en la experiencia y es así como van creciendo y desarrollando la mayoría de las pymes.
Las empresas deben definir el tipo de relación que desean establecer con sus clientes con cada segmento de mercado, para poder aportarles valor y que la relación sea fructífera.
La relación con los clientes puede ser personal o automatizada y pueden esta basada en los fundamentos siguientes:
Paulatinamente, con el avance de la tecnología, se ha ido extendiendo durante los últimos años el uso de las facturas electrónicas en el mundo de las PYMES, tanto para las emitidas como para las recibidas. Impulsado por el Gobierno, desde 2015 se instauró su uso obligatorio para las relaciones con la Administración Pública y entre las grandes empresas.
No cabe duda de que es el futuro hacia el que nos dirigimos, que terminará afectando a la pequeña y mediana empresa más pronto que tarde, y que las ventajas son conocidas por todos: Mejora del medio ambiente, ahorro de costes, mejora de la eficiencia y competitividad, eliminación de espacios de almacenaje, etc…
El 9 de enero del pasado año publiqué en ¿nuestro? blog un artículo que trataba de recoger el sentir de los gurús financieros en cuanto a qué nos iba a deparar el 2018 en innovación, en el campo de las finanzas.
En ese momento se hablaba de “fintech”, “Criptomonedas”, “inteligencia artificial para inversión”, “Blockchain”, “Big data”, etc.
Veamos un año después qué era una moda pasajera y qué es lo que ha venido para quedarse.
Recientemente, se ha aprobado la nueva Ley 11/2018 sobre información no financiera y diversidad.
El nuevo texto aprobado eleva las exigencias de transparencia y supone una de las transposiciones más avanzadas de Europa.
Se acercan las fiestas navideñas y en estos últimos días del año parece que todo se acelera, que no hay tiempo para nada y que no vamos a terminar todo lo que tenemos previsto hacer. En estas fechas, en las que las protagonistas son las palabras “paz”, “felicidad”, “fiesta”, “familia”, “compras” y otras muchas relacionadas con esta temporada, no parece tener cabida la palabra “impuestos”.
De hecho, puede que este artículo sea una vuelta a la realidad cotidiana de épocas no navideñas, pero como es posible que durante el resto del año no hayamos hecho bien la tarea tributaria, y los días avanzan inexorablemente, solo nos quedan dos semanas para realizar las últimas acciones tendentes a reducir nuestra factura fiscal, por lo que vamos a hacer un breve repaso de las decisiones más importantes que, con trascendencia tributaria, podemos realizar.
Este pasado mes de octubre se ha anunciado la intención de subir el salario mínimo interprofesional hasta los 900,00 € para el 2019. El salario mínimo es actualmente de 735,00 €, por tanto la subida supone un incremento del 21%. Esto sería por tanto una ligera subida con respecto a la propuesta del anterior gobierno que era de 850,00 €.
El objetivo de este artículo es reflexionar desde el punto de vista del autónomo y de la PYME qué repercusiones tienen estas decisiones y cómo les afectan.
No me voy a extender en datos de porcentajes de alzas de costes que dicha medida nos va a acarrear a autónomos y pequeños empresarios. Internet está llena de análisis pormenorizados del coste de esta medida, por el contrario voy a tratar de centrar el artículo en explicar desde un punto de vista científico el porqué este aumento es perjudicial, no sólo para los empresarios, sino también para los trabajadores.
A/B Split Testing: Básicamente, estás tratando de medir una variable para poder obtener conclusiones y poder realizar una correcta toma de decisiones: testear y testear.
En este caso tenemos un producto donde únicamente cambiamos la variable a medir, pensemos que queremos cambiar el design packaging de nuestro producto, pero previamente queremos medir si el nuevo va a obtener un retorno superior al anterior, medir (testear) como valorará el mercado un supuesto mejor (cambio) diseño, aunque el producto sea el mismo.
