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Mejores salarios

Mi primer emprendimiento acaba de cumplir 10 años. Una década de “auto-MBA” gracias a los diferentes clientes, proveedores y sobre todo, personas que han dado, siguen dando y darán, una parte de su vida profesional (y a veces personal) por este proyecto.

En en estos 10 años que llevo como emprendedor, empresario, autónomo o lo que el lector considere, nunca se me ha pasado por la cabeza no remunerar como se merecía a mis empleados si las circunstancias lo permitían, absolutamente nunca. Incluso el reparto de beneficios (si los hay) entre los empleados es una política que existe desde nuestro nacimiento.

¿Y cuáles son esas circunstancias?

Pues existen muchas y variadas, si bien, nos centraremos aquí en la función de ingresos y en analizar lo que los clientes están dispuestos a pagar por tus servicios o productos.

Bien, en mi caso, una micropyme de servicios profesionales cuyos ingresos provienen principalmente de licitaciones públicas a las que concurrimos, los salarios que podemos “ofrecer” a profesionales, en la mayoría de casos licenciados superiores, quedan condicionados al precio de licitación ofertado. Es decir, generamos puestos de trabajo si ganamos el concurso público, y ese puesto de trabajo tendrá una duración vinculada a la duración del contrato.

Ciertamente puede ser un juicio de valor sesgado, pero a la vista de ciertas declaraciones desde el ámbito político en la que se pedía al empresariado subir sueldos, me pregunté si muchos empleados públicos sabrían cuál sería el coste total de su puesto de trabajo.

Pregunté a unos cuantos (al menos 15), si sabrían decirme el coste por empleado de su organización más allá de su coste salarial, es decir, sumando gastos corrientes, financieros, etc. Curiosamente, ninguno de los encuestados supo responder.

Unamos esto a la mala costumbre, según mi punto de vista, de las instituciones públicas de licitar muchos concursos públicos dando una mayor puntuación al criterio económico.

Y llevemos esto a un ejemplo práctico.

Un trabajador público, por ejemplo, un ingeniero o arquitecto municipal, insular o regional, decide licitar un concurso donde solicita los servicios de otro ingeniero/arquitecto por un conjunto de horas. Supongamos que el precio/hora del servicio asciende a 20-25 euros (la suposición es una realidad en muchas ocasiones; he visto concursos donde se solicitan servicios de licenciados a 19 euros/hora).

Asuma usted, además, que el hecho de que la administración valore el precio por encima de otros criterios, hará que las empresas de servicios profesionales acabemos compitiendo como si este negocio fuera de vender tornillos chinos, es decir, vendemos el talento de nuestra gente al mejor precio, como si todos los cerebros e ideas fueran iguales. Un descenso de un 20-30%, que suele ser lo normal, haría que la hora de un profesional pudiera llegar a pagarse a 14 euros.

Si gano el concurso, iré al mercado laboral a decirle a un ingeniero o arquitecto que, lamentablemente, la administración premia al más barato y que si tiene una queja del sueldo, siempre puede solicitar explicaciones a los mismos que solicitan que le subamos el sueldo, que son los que han elaborado los pliegos de contratación

Podríamos razonar que dicha reducción en el precio es responsabilidad únicamente del empresario, es decir, al existir libre mercado, si existen ofertas por 15 Euros/Hora, será porque existen “personas” que están dispuestas a hacer el trabajo por ese precio.

¿No cree usted que tiene cierta responsabilidad la administración pública en crear ese mercado a la baja, al menos en servicios como el que he descrito?

Existen estudios que demuestran que el salario medio mensual en el sector público es 1000 euros más elevado que en el privado. Pensar, hoy en día, que esa brecha es generada sólo por la avaricia o codicia del empresario por mejorar su cuenta de resultados y elevar sus beneficios es bastante injusto por parte de la sociedad y del sector público.

Quizás es tiempo de que nuestras administraciones públicas busquen vías para que quienes ganen los concursos públicos sean los mejores y no los más baratos.

Quizás es tiempo de que nuestras administraciones públicas busquen vías para que los sueldos del sector privado vinculados a servicios profesionales ofrecidos al sector público, al menos, estén a la par de los costes que manejan dichas administraciones para perfiles similares, es decir, regular el mercado al alza y no a la baja, tomando como referencia sus propios costes.

Quizás así lograría pagar mejores salarios..

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Sobre el Autor

Pablo Díaz

Pablo Díaz

Fundador y socio-director de EVM, donde además de labores de dirección, se encarga de liderar y gestionar el área de innovación pública. Además es co-autor de los libros "Open Government - Gobierno Abierto" (Algón Editores, 2010) y “Guía práctica para abrir Gobiernos” (Goberna America Latina, 2015). A nivel educativo es ingeniero industrial, con un Máster en Project Management y diferentes postgrados en gestión de la innovación organizativa. También ayuda a otros emprendedores a convertir en realidad sus ideas. Algunos ejemplos son ZencityApp y eCivilis, iniciativas que buscan mejorar la gestión pública a través de la aplicación del paradigma del gobierno abierto, o Buong.TV, una plataforma online para la difusión de documentales centrados en mostrar la realidad social del mundo.

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