Son las administraciones transparentes o cumplen con la ley de transparencia

Aprovecho este artículo en el blog, para compartir con ustedes una reflexión que vengo haciendo desde que se publicó la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. He sido muy crítica por el tremendo esfuerzo, dinero, procedimientos de recogida de la información y recursos que supone poner en marcha un portal aparte y diferenciado de los portales oficiales de las admiraciones públicas. 

He cuestionado la traslación que se ha hecho de la “transparencia” en las Administraciones. Todas se han centrado en unir los esfuerzos, y algunos han sido muchos, en crear y poner en marcha el portal de transparencia, como una ventana aparte y diferenciada de nuestra gestión diaria, y aquí creo aquí que ha estado el error.

Lo “transparente” es el portal, y los procedimientos se han organizado para facilitar toda la información que la Ley exige (y en algunos portales de transparencia muchos temas más) a los responsables del portal, creando un procedimiento interno que consume muchos recursos, para trasladar la información desde los distintos departamentos hacia esa única ventana. 

No se me mal interprete que estoy en contra de los portales de transparencia, sino que creo que los esfuerzos tendrían que dirigirse más a conseguir, dando pautas y supervisando que cada unidad publicite directamente su gestión y sus decisiones, que serán las que afectan a los ciudadanos a los que les prestan servicios y sobre las que estén interesados las personas con los que interaccionan. La transparencia tiene que estar en nuestros procedimientos, en los sistemas de información que tienen todas las administraciones, en cada uno de los portales, y no sólo en el portal de transparencia.

Comparto plenamente el fin que se persigue, entiendo que las administraciones públicas transparentes son aquellas que promueven la visibilidad del proceso de toma de decisiones y están abiertas a las aportaciones y a la participación de sus públicos, en especial de los ciudadanos a los que van dirigidos los servicios, haciéndoles colaboradores de la gestión pública.

Creo que se ha enfocado la transparencia como una obligación, y hacia donde deberíamos dirigirnos es a un cambio de cultura, creando nuevas relaciones basada en el beneficio mutuo, así las administraciones obtendrían legitimidad, generaría confianza y contribuiría a una buena reputación.

Hay trabajos que constatan que una mayor transparencia de las administraciones públicas está asociada a una mayor eficiencia en la gestión.  Son considerablemente más altos los niveles de confianza de aquellos gobiernos que han aplicado estas políticas de transparencia que los que no han llevado a cabo ningún esfuerzo en esta dirección. 

En definitiva ,creo que lo que debería dirigir nuestros esfuerzos es a lo que establece el preámbulo de la Ley “Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos”.