En un mundo cada vez más consciente del impacto ambiental y social de las actividades empresariales, las empresas se enfrentan al desafío de adaptarse a prácticas sostenibles sin comprometer su rentabilidad, todo ello ante la inminente llegada de todo el marco normativo que emanará de la nueva taxonomía ambiental europea. Sin embargo, lejos de ser un obstáculo, la sostenibilidad es una fuente de beneficios de tipo económico muy significativa.

Quizás haya usted visto alguna vez un divertido anuncio de cerveza en donde el talentoso actor de origen gallego Luis Tosar, al no conseguir que le sirvan correctamente una concreta marca de cerveza y, tras someter a diversas torturas al camarero por no hacerlo, pronuncia el ya conocido eslogan “No amigo, no todas las cervezas son iguales”.

En los últimos años, donde la conciencia ambiental está en aumento, el cálculo de la huella de carbono se ha convertido en una herramienta esencial para evaluar el impacto ambiental de nuestras actividades.

El Análisis de Materialidad es una herramienta que permite a la empresa identificar los temas de sostenibilidad más importantes y priorizarlos. También ayuda a evaluar la percepción de los grupos de interés (por ejemplo: inversionistas, accionistas, acreedores, colaboradores, sindicatos, clientes, proveedores, comunidad o autoridades) hacia estos temas y cómo los mismos afectan a nuestro modelo de negocio y viceversa. Esta herramienta también ayuda a alinear la estrategia de sostenibilidad y responsabilidad social con las expectativas de los grupos de interés.

Todos hemos sido testigos de cómo en las últimas décadas, las organizaciones se preocupan cada vez más por la seguridad de sus trabajadores, implantando los procesos necesarios para garantizarla, analizando los riesgos asociados a su actividad, formando e informando adecuadamente a sus trabajadores, implantando medidas de protección colectivas e individuales, llevando a cabo una correcta vigilancia de la salud o investigando aquellos incidentes de seguridad para evitar que éstos se repitan.

Esta es la frase que deberíamos repetir como un mantra todas las personas que queremos innovar y mejorar los servicios que presta las Administraciones Públicas en las que trabajamos y además nos encontramos con las resistencias al cambio de nuestros compañeros, que suelen decir la frase “siempre se ha hecho así”.

Todas las organizaciones, grandes y pequeñas, son cada vez más conscientes de su papel activo como generadoras de riqueza, empleo, productos y servicios de calidad, así como otros beneficios para sus accionistas, clientes, empleados, proveedores y demás grupos de interés con los que se relacionan. Es decir, saben que deben comportarse de forma socialmente responsable..

Hace unos meses, el que les escribe, les habló en otra entrada de CÓMO CALCULAR LA HUELLA DE CARBONO EN SU ORGANIZACIÓN. En aquella entrada les expliqué el método para calcularla y registrarla en el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).

Hasta el año 2021 este cálculo y registro era voluntario para las empresas españolas, pero tras la Disposición Final Duodécima de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, pasará a ser de carácter obligatorio para un buen número de empresas

Recientemente publicaba un artículo “El doble muro de las Administraciones Publicas: la  burocracia externa y la burocracia interna” en el que se evidenciaba como los controles de legalidad, los trámites internos, la atomización de competencias, los órganos externos de control, las diferentes y variadas interpretaciones de la norma (tantas como personas participan en la tramitación del expediente), las continuas actualizaciones e interpretaciones de la  normativa, propias y por sentencia judicial, hacen que moverse dentro de las AAPP sea  un gran laberinto insospechado con resultados inciertos desde que se empieza hasta que concluye en un procedimiento publicado en el boletín, donde en la mayoría de los casos es imposible manejar los plazos.

Le invito a hacer un simple experimento. Salga a la calle en una silla de ruedas, con una venda en los ojos o con unos auriculares que anulen su audición e intente llegar a su destino. Si consigue semejante hazaña, intente realizar la gestión o la tarea que se había propuesto inicialmente en el lugar que había elegido.

La Huella de Carbono, representa el cálculo de las emisiones GEI (Gases de Efecto Invernadero) asociadas a organizaciones, eventos o actividades, o al ciclo de vida de un producto, de cara a determinar su contribución al cambio climático, expresada en toneladas de CO2 equivalentes, de este modo, nos permite conocer las conductas o acciones que están contribuyendo a aumentar nuestras emisiones, cómo podemos mejorarlas y así realizar un uso más eficiente de nuestros recursos.

Cada vez son más las instituciones que adquieren actitudes proactivas frete al medio ambiente y que para mostrar su compromiso emplean la Huella de Carbono. Cualquier organización que quiera ser competitiva deberá orientar su actividad al cálculo, reducción o compensación de su Huella de Carbono. ¿Por qué?

Tras la publicación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, se redujo de 250 a 50 el número necesario de personas en plantilla para que fuera obligatoria la aplicación, elaboración y registro de un plan de igualdad. Para ello se establecieron los siguientes plazos:

✓Desde el 7 de marzo de 2020, lo deben tener todas las empresas con más de 150 personas en plantilla.

✓Desde el 7 de marzo de 2021, deben tenerlo todas las empresas con más de 100 personas en plantilla.

✓A partir del 7 de marzo de 2022, deberán tenerlo todas las empresas de 50 a 100 personas en plantilla.

Mucho se lleva hablando de la burocracia externa, entiéndase por esta la que se ve desde fuera cuando se relaciona una persona o empresa con alguna Administración Pública, de lo complejo que le resulta a la ciudadanía enfrentarse a tramitar algo con cualquier Administración, de la de “papeles” que se piden, de lo laberínticos que son los trámites….

Pero ¿Si supiera los líos que nos tenemos dentro?

Administraciones públicas, empresas privadas y sus respectivos trabajadores se enfrentan a un gran reto en la lucha contra la pandemia de la COVID-19 con el fin de proteger la seguridad y la salud en el trabajo. No obstante, más allá de la actual crisis, existe la preocupación de cómo retomar o mantener la actividad de forma capaz de garantizar la seguridad y disminuir la transmisión del virus, no sólo de los trabajadores, sino también de contratistas, visitantes o, como no, de los propios clientes.

La Organización Internacional de Normalización (ISO) publicó en diciembre del año 2020 la norma ISO/PAS 45005. Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo: directrices generales para un trabajo seguro durante la pandemia de COVID-19’. Se trata de un estándar que pretende servir de referencia frente a los cambios que la pandemia ha provocado en el mundo del trabajo.

Sí, todavía quedaban grandes retos para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tal y como se ponen de relieve en los diferentes informes sobre los progresos, el Covid-19 ha agravado enormemente esta situación; el nivel de retroceso, no sólo en los países en desarrollo sino en los de la OCDE, es alarmante por lo que indudablemente queda mucha tarea por hacer en todas las direcciones.

Tal y como se resalta en múltiples estudios, el compromiso del cumplimiento de los ODS, y de la agenda 2030, depende de la voluntad política y de la creación de una arquitectura institucional que lidere y coordine a los diferentes departamentos, para alinear la acción de Gobierno en el objetivo de cumplir con la Agenda 2030, y de hecho, el propio Informe de Progreso sobre la implementación de la Agenda 2030 en España recoge como avance el refuerzo de los mecanismos e instrumentos de coordinación.