No cabe duda de que este año 2020 quedará marcado en los libros de historia y en los recuerdos de todos los que lo hemos vivido. Los meses parece que han volado, seguramente porque hemos luchado incesablemente por mantenernos a flote en la salud y en la parte económica, pero el tiempo corre incesante, y el año se acaba.

Todos los 31 de diciembre de cada año, mientras la mayoría de la genta piensa en cenas, celebraciones y en intentar comerse las doce uvas, se devenga de forma silenciosa e implacable el impuesto sobre la renta de las personas físicas.  En ese preciso momento terminan nuestras posibilidades de realizar las posibles acciones tendentes a minimizar el impacto en nuestros bolsillos de la declaración en la próxima Campaña de Rentas, que comprenderá desde abril hasta junio de 2021.

La Declaración de la Renta 2020, que efectuaremos a partir de abril de 2021, puede derivar en algún que otro disgusto para los contribuyentes. Alrededor de 4 millones de españoles se han visto afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), por las consecuencias del COVID-19. Existen dos tipos de ERTE, los de suspensión de empleo y los de reducción de jornada laboral.

En ambos casos, supone que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) abone parte de la nómina de un trabajador, por lo que este tendrá, al menos, dos pagadores en el ejercicio 2020.

Desde hace unos meses no es inusual ver en los medios a distintos agentes manifestarse públicamente pidiendo subidas salariales no incrementales que permitan mejorar la capacidad adquisitiva de los asalariados con rentas medias y bajas de forma urgente.