Hace unas pocas semanas, el 4 de julio de 2018, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley 6/2018, de 3 de Julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Como es habitual, las leyes de presupuestos generales introducen una serie de medidas en el ámbito tributario, cuyas principales novedades detallo a continuación:

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se ha pretendido disminuir la carga impositiva sobre las rentas más bajas, incrementando la reducción por rendimientos del trabajo (5.565 euros para rendimientos netos inferiores a 13.115 euros) aunque durante este ejercicio 2018 solo se computará el 50%, pasando a computarse de forma íntegra en 2019. Para rendimientos netos superiores, hasta la cantidad de 16.825 euros, se aplicará realizando un cálculo progresivo.

Suelo preguntar a mis alumnos a quién le gusta la deuda y rara vez levanta alguno la mano, sin embargo uno lee las estadísticas de deuda privada en España y, a pesar de la notable reducción de la misma desde el inicio de la crisis, a finales de 2016 equivalía al 166,1% del PIB español, 101,7% correspondiente a empresas y 64,4% a hogares. Quizás no nos guste y no nos quede más remedio.

Cuando insisto en la pregunta algún alumno levanta la mano y comenta que solo le gusta si la deuda es barata, lo cual a todos gusta pero quizás no deba ser lo único a considerar. No cejo en mi empeño y trato de provocarles diciéndoles que me encanta la deuda, ¿puede haber alguien a quien le encante la deuda?, ¿no se duerme más tranquilo cuando uno no le debe nada a nadie?

¿Por qué existen subvenciones agrícolas? ¿cuál es su origen? Ambas preguntas nos trasladan al año 1962, tras los Tratados de Roma de 1957, que dieron origen a la Unión Europea, cuando, en una Europa occidental condicionada por las carencias de la posguerra, se estableció la política agrícola común, más conocida como la PAC.

El objetivo principal era asegurar que los ciudadanos dispusieran de un suministro estable y suficiente de alimentos a precios asequibles, y para ello era necesario disponer de un sector agrícola viable, con una unidad de mercado de libre circulación de productos agrarios, protegiendo las producciones comunitarias y aplicando un principio de solidaridad financiera, que permitiera financiar las políticas establecidas.

La protección del deudor hipotecario ha sido una preocupación constante y la acción de los poderes públicos se ha centrado en aquellos deudores sin recursos que atravesaban situaciones de especial debilidad: acciones conducentes a procurar la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago, como mecanismos de flexibilización de los procedimientos de ejecución hipotecaria.

Es indudable que, en la actualidad, cuando se habla de planificación fiscal, gran parte de la sociedad la relaciona inevitablemente con las portadas de los grandes diarios, donde encontramos semanalmente una noticia referida a la evasión del pago de sus tributos por parte de un jugador de fútbol, un famoso actor o una importante empresa, publicados inteligentemente a modo de cuentagotas, para poder obtener más rédito informativo de la noticia. Ese tipo de planificación fiscal agresiva utiliza frecuentemente vías que sobrepasan el ordenamiento jurídico vigente, por lo que, en caso de ser descubiertas, suelen concluir con algún tipo de regularización, ya sea voluntaria o forzada por la inspección.

En mi post anterior animaba al desarrollo de actividades colaborativas logísticas entre empresa. En breve se impulsará la ley Canaria de movilidad que puede que sea un marco idóneo para favorecer esta actividad desde las instituciones, pero no quería centrarme en ese futuro texto legal y si en otro más inminente, ya desarrollado en borrador, circulado a los respectivos Cabildos para sus comentarios. Borrador que se  espere que llegue con el otoño a los distintos sectores económico  – predominantemente privados - afectados.

Y es que todas las Comunidades Autónomas están inmersas en un proceso de reforma de sus respectivas leyes de ordenación del transporte, y en el caso canario, el derecho comparado, los distintos litigios de particulares del Consejo de la competencia en nuestro Archipiélago y las tendencias en esta materia que van llegando de la UE, nos alumbran grandes oportunidades de mejora: