Este año 2021 verá la luz la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Actualmente continúa su trámite parlamentario, habiendo finalizado en diciembre de 2020 el plazo para el registro de las enmiendas por parte de los grupos, y a la espera de que la mesa de la Comisión de Hacienda convoque fecha para la ponencia y el debate de los cambios propuestos.

Esta norma, además de incorporar el Derecho Comunitario a nuestra reglamentación interna, pretende adaptar la legislación existente para paliar las nuevas formas de elusión tributaria, que han incrementado su complejidad, así como en combatir la economía sumergida.

Es indudable que, en la actualidad, cuando se habla de planificación fiscal, gran parte de la sociedad la relaciona inevitablemente con las portadas de los grandes diarios, donde encontramos semanalmente una noticia referida a la evasión del pago de sus tributos por parte de un jugador de fútbol, un famoso actor o una importante empresa, publicados inteligentemente a modo de cuentagotas, para poder obtener más rédito informativo de la noticia. Ese tipo de planificación fiscal agresiva utiliza frecuentemente vías que sobrepasan el ordenamiento jurídico vigente, por lo que, en caso de ser descubiertas, suelen concluir con algún tipo de regularización, ya sea voluntaria o forzada por la inspección.