La mediación se presenta hoy -más que nunca- como una valiosa alternativa. En países como Estados Unidos o Reino Unido, la mediación está plenamente consolidada, con tasas de éxito superiores al 85%.

A tal efecto, el Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo (LA LEY 4652/2020), por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 ya hecho referencia a ello a señalar en Disposición adicional decimonovena, que lleva por rúbrica Agilización procesal que: Una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y de las prórrogas del mismo que, en su caso, se hayan acordado el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 15 días, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis.

Disruptivo significa que provoca una ruptura brusca de algo, o una interrupción súbita de algo.

En la antigüedad los fenómenos disruptivos se daban de milenio en milenio como el descubrimiento del fuego o de la rueda, luego la humanidad avanzó hasta disrupciones que se producían cada 100 años como el renacimiento, el descubrimiento de América, la revolución industrial, y desde finales del siglo XX las disrupciones son continuas y se suceden incluso varias al mismo tiempo como es el caso de: los ordenadores, internet, teléfonos móviles, redes 4G, smartphones, TV por cable, las redes sociales, etc.

Es necesario un cambio de mentalidad en el que la sociedad valore más la actividad emprendedora y la asunción de riesgos. La piedra angular para que dicho cambio tenga lugar es, sin duda, el sistema educativo, fomentando el respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial, como creadores de riqueza y bienestar social.

Dicho cambio se propuso con la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que se publicó en un contexto en el que España venía atravesando una grave y larga crisis económica con agudas consecuencias sociales, y cuyo mensaje, con la crisis sanitaria motivada por la pandemia del Covid-19, es aún más necesario, y nos obliga a ser más creativos a la hora de generar nuestro propio puesto de trabajo.

Desde hace media década, los negocios a distancia y con carácter online se han multiplicado exponencialmente. Las medidas de confinamiento decretadas para combatir la pandemia del COVID-19  han dado un empujón incluso aún mayor a este tipo de negocios.

Ante la imposibilidad de desplazarse a los comercios físicos, las compras a través de Internet se han disparado como la única alternativa para acceder a productos o bienes en este contexto.

Llega el último trimestre del año y con él, el cierre de un año muy complicado para la mayor parte de los sectores. “De todo se aprende”, por lo que debemos tener siempre presente la obligación de estar preparados para cualquier tipo de situación que se nos plantee.

¿Cómo puede sobrevivir nuestro negocio? ¡Es la gran pregunta! Una de las claves es una buena planificación a futuro, hay que dejar de vivir el día a día, de escapar hoy para cerrar mañana. En las noticias, en la calle… solo se habla de un rebrote muy pronto, pues ¡PREPÁRATE!

Parece que las secuelas de la pandemia del COVID-19 pueden traer efectos tributarios inesperados para algunos contribuyentes que se vieron inmersos en el caos inicial de la explosión de casos y el inicio de la curva de contagios. Recordemos que el pasado 14 de marzo de 2020 el Gobierno aprobó la declaración del estado de alarma en España, que restringía la movilidad y los desplazamientos de los ciudadanos, sobre todo a países extranjeros, a la par que dichos estados también cancelaban vuelos procedentes desde España. 

Esta situación sorprendió a muchos extranjeros en medio de su temporada de residencia temporal en nuestro país. En Canarias existe una gran cantidad de ciudadanos de otros países que pasan las temporadas invernales en nuestro territorio, y que residen en España temporadas inferiores a los seis meses anuales.

Aun sin quererlo las circunstancias Covid nos obligaron a tomar decisiones de transformación digital para mantener a flote nuestros negocios. Los que pudieron, organizaron el trabajo desde marzo de tal forma que este se acometería desde casa.

Otros debieron ajustar sus espacios físicos a las normativas de seguridad sanitaria que surgieron. Esa decisión se tomó de un día para otro, sin estar preparados.

La tecnología nos tiene a todos aprendiendo utilidades y herramientas a diario, y el impulso del confinamiento ha venido a animar incluso a los más rezagados y haters, quienes, perplejos, se han puesto las pilas para entrar de un salto en la era Smart.

Pero no es tecnología todo lo que reluce, los procesos, los productos y los servicios también están siendo repensados a diario, el reto es continuo y la innovación está aquí para quedarse.

Aún en muchos lugares seguimos con una medidas restrictivas que garanticen de la mejor manera posible nuestra seguridad y salud.

Todo ello conlleva que algunos sectores no han llegado a la ansiada nueva normalidad o acercarse al menos a la forma habitual de trabajar. Varios sectores han tenido que adecuar su forma de trabajar, la dedicación de la jornada, horarios, aforo, etc.

Debido a las fechas del Estado de alarma se podría plantear la necesidad o no de realizar determinados ajustes al cierre del ejercicio finalizado recientemente, en las cuentas anuales a formular, en concreto ante las situaciones siguientes:

1. Impagos y retrasos esperados en los cobros de clientes y deudores que se pudieran producir en los próximos meses sobre partidas a cobrar existentes al cierre del ejercicio.
   
   
2. La posible no aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

La atención del impacto de la COVID-19 en los países en desarrollo no ha tenido un especial seguimiento en las noticias globales. Probablemente porque las cifras de afectados y fallecidos oficiales quedan aún lejos de los números en Europa o Estados Unidos, o del crecimiento actual en Rusia o algunos países de Latinoamérica.

Sin embargo, la pobreza y la inseguridad alimentaria que la crisis está generando en los países de renta baja puede cobrarse más vidas que la propia enfermedad en sí.

Vivimos tiempos complejos, no les descubro nada nuevo. Pero ya lo eran antes de que un virus se cruzara en nuestro camino.

Y es que, si bien el momento actual refleja con toda su crudeza los atributos de un contexto VUCA, la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad forman parte desde hace tiempo del escenario al que cualquier gestor de personas se enfrenta cada día.

La Declaración de la Renta 2020, que efectuaremos a partir de abril de 2021, puede derivar en algún que otro disgusto para los contribuyentes. Alrededor de 4 millones de españoles se han visto afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), por las consecuencias del COVID-19. Existen dos tipos de ERTE, los de suspensión de empleo y los de reducción de jornada laboral.

En ambos casos, supone que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) abone parte de la nómina de un trabajador, por lo que este tendrá, al menos, dos pagadores en el ejercicio 2020.

Sin precedentes. No es la crisis, es el contexto y la dimensión de la crisis. Porque no es esta la primera vez en la Historia de Canarias que su economía y la sociedad sufre una quiebra profunda. Ha ocurrido antes, en diversas ocasiones en las que la contracción de la actividad económica ha producido desestructuración social, pérdidas dinerarias, hambre y emigración; expulsión de los recursos humanos que no podían ser atendidos por el modelo productivo.

Tampoco es nuevo que el contexto internacional afecte y determine lo que ocurre en Canarias.

Nuestro sector turístico se prepara para la inminente llegada de turistas. Algunos comienzan ya a abrir sus puertas y otros trasladan dicha apertura para la temporada alta en Canarias, que comienza en octubre. La pregunta que nos hacemos todos es cómo podemos ofrecer un mínimo de garantías de seguridad frente al COVID-19 a turistas, turoperadores y, por supuesto a nuestros propios trabajadores.

No podemos olvidarnos, además, que debemos ofrecer las mismas garantías a nuestros propios ciudadanos y público en general de que tenemos implantados los protocolos necesarios para disminuir la probabilidad de contagios y, por tanto, de nuevos brotes que provoquen una indeseable y catastrófica nueva situación de confinamiento.